Matas, en la puerta de entrada a su 'palacete' de Palma. | Jaume Morey

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Los fiscales anticorrupción de Balears han solicitado fianzas civiles y penales por una cuantía que ronda los 50 millones de euros a imputados en casos de corrupción, y los jueces las han impuesto, siguiendo el criterio, en el mejor de los casos, de que esas cauciones «deben ser asumibles por los afectados», según las fuentes judiciales consultadas por este diario.

La fianza civil se impone para asegurar las responsabilidades que pueden derivarse para el afectado en el juicio, y la penal se fija para reducir la posibilidad de que el encausado eluda la acción de la Justicia. La más elevada impuesta a un político en Balears para evitar su ingreso en prisión asciende a tres millones de euros y la fijó el juez del 'caso Palma Arena', José Castro, para el ex presidente del Govern balear Jaume Matas, quien también debe constituir otra caución, civil, por importe de 1,6 millones.

Las fianzas civiles suelen ser más elevadas que las penales, también denominadas carcelarias.

Patrimonios

Asimismo, el ministerio público ha solicitado a los acusados en el 'caso Can Domenge' -Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer- que avalen con sus respectivos patrimonios las responsabilidades civiles por la venta de ese solar palmesano, cuya cuantía está por determinar, pero que puede superar los 40 millones de euros.

Munar soporta una caución civil de 2,5 millones de euros y otra penal de 350.000 euros por el 'caso Maquillaje'; el ex conseller de Comerç i Industria Josep Juan Cardona ha sido requerido para constituir una fianza civil de 2,9 millones de euros. Alfredo Conde ('caso Maquillaje') debe hace frente a un fianza de 800.000 euros, y María Luisa Alminaña y Ramón Rullán, conjuntamente a 835.000 euros en el mismo caso. Oscar Collado ('caso Funeraria') prestó una caución penal de 100.000 euros y una civil de 325.000. Cristina Cerdó ('caso Picnic') depositó una fianza penal de 300.00 euros, mientras que las impuestas a Raimundo Alabern y Miguel Àngel Bonet ('caso Ibatur') fueron de 250.000. En el 'caso Voltor', Alvaro Llompart, M. Àngel Flaquer, Antoni Olilver, Joan Sastre, Francesc Buills y Jacinto Farrús depositaron 100.000 euros de fianza respectivamente.

A Pepote Ballester y Jorge Moisés les fueron impuestas sendas fianzas de 50.000 euros en el 'caso Palma Arena.

La cúpula de Unió Mallorquina está pendiente de la resolución judicial sobre la petición del fiscal de una fianza de 1,6 millones en el 'caso Picnic'; mientras que las empresas de recogida de residuos implicadas en el 'caso Cloaca' afrontan una fianza civil de 3,16 millones.

Además de estas cifras, las más importantes, hay que añadir las fianzas de menor cuantía impuestas a casi tres centenares de imputados en la veintena de casos de corrupción que se investigan en Balears.