Las defensas de los imputados a quienes la jueza instructora del 'caso Peaje' ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 600.000 euros han recurrido el auto mediante el cual la magistrada decretó la caución, aunque ello no paralizará el proceso de embargo de parte de sus bienes por no poder hacer frente a esta cantidad, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
En concreto, en su resolución, dictada este miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 daba 24 horas para que de forma conjunta hicieran efectiva la fianza el ex ingeniero jefe de Carreteras, Francisco Orejudo, su compañera sentimental, Mónica Florit, los constructores Bartomeu y Sebastià Cloquell, y el jefe de producción de la UTE que se encargó del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, Javier Navarro.
Según el auto, todos ellos debían hacer frente de forma solidaria a esta cantidad a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de su presunta implicación en los hechos investigados. De no ser así, se les requerirá que designen sus bienes hasta cubrir la cantidad fijada por la magistrada para que puedan quedar posteriormente embargados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tal y como apunta la jueza en su resolución, estos cinco inculpados alcanzaron un «acuerdo» de cara a levantar con fondos públicos una vivienda unifamiliar aislada sobre un terreno propiedad de Florit en Búger, a pesar de que los encausados defienden que se trata de un templo de meditación de la asociación Pachi Tanglang -a la que pertenecen-, construido gracias a las donaciones de los socios de esta entidad de filosofía china, cuyo importe ascendería a 300.000 euros.
Frente a estas acusaciones, la defensa de Orejudo y Florit, ejercida por Gabriel Garcías, niega en su recurso de reforma un delito de malversación de caudales públicos, al aseverar que la adjudicación de los trabajos de desdoblamiento por parte del Consell de Mallorca recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE. Es por ello que, junto a otros imputados de la causa, rechaza que el desfase producido durante la ejecución de las obras repercutiese en las arcas públicas.
La magistrada se ampara en un reciente peritaje que cifra el valor de la edificación de Búger en 699.087 euros, lo que hace «no creíbles» las alegaciones de los encausados, sobre todo «si se atiende a que las supuestas donaciones que han recibido para construirla, únicamente en metálico, han sido aportaciones de dinero muy importantes, sin que exista rastro contable alguno ni reflejo bancario a través de los correspondientes extractos».
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