El pasado 28 de febrero a última hora Josep Melià y Joan Monjo fueron informados de la petición fiscal de fianza civil para Unió Mallorquina | Pere Bota

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El juez que instruye el 'caso Picnic' ha impuesto una fianza civil de 1,6 millones a UM y ha frustrado los tímidos intentos que existían para resucitar la formación nacionalista.


El juez Antoni Rotger ha hecho suyos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y entiende que el trabajo de los empleados medioambientales del Ajuntament de Palma beneficiaban directamente a UM.


Esta fianza civil implica el bloqueo automático de las cuentas corrientes de Unió Mallorquina y de todos los bienes que puedan existir. Hasta la fecha UM contaba con 168.000 euros en sus cuentas, lo que implica que todos los ingresos que cuente en el futuro -si los tiene- quedarán embargados.

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Fiscalía


Unió Mallorquina, a través de un portavoz, anunció que recurrirá la decisión del juez. Este mismo portavoz señaló que cuando el fiscal comunicó la imposición de la fianza hace aproximadamente un mes no se les entregó ningún documento oficial.


Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción decidió imponer una fianza a UM la misma noche que la formación nacionalista acordó cambiar de nombre para poder remontar la situación política. Tras la petición de la fianza, Josep Melià, presidente de UM hasta ese momento, se dio de baja del partido y con él la mayoría de los dirigentes. El embargo de las cuentas corrientes y de las posibles subvenciones que pudiese recibir en las próximas semanas hacían inviable el proyecto político.


En los últimos días se había planteado incluso celebrar un Consell Nacional para acordar la disolución del partido, pero la decisión del juez, que ha tardado un mes en comunicar la fianza. En cualquier caso, la disolución definitiva de UM se tendría que haber aprobado en un congreso, previsto para después de las elecciones del mes de mayo.