La policía se incautó de documentación en la 'operación Cloaca'. | Jaume Morey

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Los abogados de la UTE que gestiona el servicio de recogida de basuras en Mallorca, FCC-LUMSA han presentado un escrito de alegaciones en contra de las valoraciones económicas del presunto fraude que generó la llamada 'operación Cloaca', que investiga una supuesta sobrefacturación al Consell de Mallorca.

Según el texto, es el Consell el que adeuda 1,05 millones de euros a las empresas adjudicatarias, a fecha de agosto del pasado año, cifra a la que se tendrían que añadir 860.000 euros en el resto de mensualidades hasta el pasado mes de febrero. La tesis defendida por los letrados Jaime Campaner y Luis Jordana se centra en que el procedimiento denunciado «es un eficaz instrumento del Consell para lucrarse a costa de la UTE», toda vez que no se han contabilizado el coste de los cambios contractuales ni los ingresos procedentes de Ecoembes y Ecovidrio. En la misma línea, la defensa de la empresa Melchor Mascaró solicita la designación de un perito para analizar los pagos de la UTE al Consell.