La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciutadella, Raquel Martínez, ha acordado esta madrugada libertad provisional con cargos para los ex regidores de Turismo y Urbanismo del Ayuntamiento de Ciutadella por el PP Gabriel Cardona y Avel·lí Casanovas, respectivamente, tras prestar declaración en el marco de la Operación Xoriguer, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.
No obstante, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, la jueza adoptó en ambos casos las medidas cautelares de obligación de comparecencia en el Juzgado dos veces al mes y la retirada de pasaporte.
Por su parte, horas antes, la jueza había dejado en libertad provisional al ex alcalde 'popular' de Ciutadella Llorenç Brondo y al empresario local Manuel Mercadal, también detenidos el pasado martes en esta operación, si bien no decretó ninguna medida cautelar para ellos.
De esta manera, han quedado en libertad las seis personas detenidas en el marco de la citada operación, después de que el pasado miércoles quedaran en libertad los dos empresarios arrestados en Palma, Javier Arturo L.L y Daniel A.F., tras prestar declaración ante la Guardia Civil y la Fiscalía.
Las actuaciones, iniciadas a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, están bajo secreto de sumario, de forma que la investigación continuará abierta bajo la dirección del Juzgado, sin que a día de hoy esté prevista ninguna nueva citación ni de imputados ni de testigos.
Esta nueva operación de presunta corrupción en Menorca investiga el presunto amaño de concursos para favorecer a determinadas empresas desde el área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella. Durante esta operación, también se tomó declaración este miércoles en calidad de imputada a la concejal del Grupo Mixto en el Consistorio de Ciutadella Antonia Salord.
El caso, que está bajo secreto de sumario, se inició con la interposición de una querella criminal por parte de Unió d'es Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) en contra de Brondo, Cardona y Casanovas, a raíz de la presunta utilización de empresas fantasma a fin de dar apariencia de legalidad a varios concursos del CITUR, presuntamente amañados con la connivencia de los concejales
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