Maria Antònia Truyols y Carles Manera, ayer en la sede de la Conselleria.

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La economía sumergida representa entre el 18 y el 20 por ciento del de la fuerza laboral y del Producto Interior Bruto (PIB) de Balears, según estimó ayer el conseller de Economia i Hisenda, Carles Manera, quien valoró como positivas las medidas que prepara el Gobierno para aflorar el empleo irregular en España.

El responsable de economía del Ejecutivo autonómico precisó que los cálculos sobre las actividades irregulares se basan en estudios realizados antes de la recesión económica, con un peso de la construcción muy superior al actual, si bien los consideró válidos y destacó que se corresponden con la situación del conjunto de las comunidades autónomas.

A modo comparativo, la economía sumergida en España supone en torno al 17 por ciento del PIB, según un estudio realizado por un grupo de profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, publicado en el último Cuadernos de Información Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

«Todo lo que sea hacer salir a la luz esta actividad, bienvenido sea», afirmó Manera tras ser preguntado por las iniciativas en las que trabaja el Gobierno contra el fraude en el mercado de trabajo.

'Amnistía' laboral

Conviene recordar que el Ejecutivo central trabaja en un Real Decreto Ley de medidas de afloramiento del empleo sumergido, que probablemente aprobará el viernes en Consejo de Ministros, en el que prevé eximir de sanciones a los empresarios que regularicen de forma voluntaria el empleo sumergido antes del próximo 30 de junio.

Esta regularización supone una «amnistía laboral», porque los empresarios sólo tendrán que pagar las cotizaciones sociales desde el 1 de enero de 2011 y suscribir un contrato laboral con el trabajador regularizado.

Al mismo tiempo, las empresas que participen en este proceso quedarían exentas de inspecciones de la Seguridad Social, que les podrían acarrear el pago de las cotizaciones sociales de los últimos cuatro ejercicios, además de una sanción y de los correspondientes intereses de demora.

Desde los sindicatos UGT y CC OO han acusado al Gobierno de aprobar una regularización con el objetivo de reducir las listas de paro, un proceso que deja sin sanciones a los empresarios y que a su juicio genera una mayor precarización del empleo.

Por su parte, desde la Confederació d´Associacions Empresarials, su presidente, Josep Oliver, afirmó ayer que «hay que dar por buenas» las cifras correspondientes a economía sumergida difundidas por Manera, si bien recordó que no existen estadísticas oficiales al respecto.

En todo caso, el presidente de la patronal aseguró que «no existe empleo sumergido en el mundo de la empresa y que si existe es mínimo». Oliver recordó que las empresas están sometidas a «vigilancia externa» y a una legislación «muy rígida» que minimiza el empleo irregular. «Si detectan a una empresa con empleo irregular se le cae el pelo», subrayó Josep Oliver.

El presidente de la CAEB indicó que en el actual contexto de crisis se han incrementado las actividades económicas alegales o sumergidas, «que por una parte suponen la subsistencia de muchas personas, pero que también representan una situación de competencia desleal para las empresas», añadió Oliver.