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El representante en Balears de la consultora Atlas Capital, Jaime Fluxá, tendrá que declarar como imputado el próximo martes ante el juez instructor del «caso Bomsai», que investiga un supuesto desvío de fondos y sobornos durante la anterior legislatura del PP.

En concreto, indaga este desvío en torno a la adjudicación de dos obras por parte de la empresa pública Caib Patrimoni, que son el nuevo parque de bomberos de Palma y la nueva sede de la Consellería de Salud y Consumo.

Fluxá, además de otro imputado, Raúl J., tendrá que declarar a partir de las 10 horas en el Juzgado de Instrucción 1 de Palma, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Caib Patrimoni, de la que eran responsables los principales imputados en el caso, pagó a la consultora Atlas Capital 609.000 euros, la mayoría en concepto de «honorarios de éxito», por un trabajo técnico innecesario y con un coste «desproporcionado», según figura en el sumario del caso.

Entre los principales imputados están el ex conseller de Economía y Hacienda del Govern balear Lluís Ramis de Ayreflor (PP) -en libertad bajo fianza-, y los ex directores generales de Emergencias y Tributos, Joan Pol y Jorge Sainz de Baranda, respectivamente, todos ellos miembros del consejo de administración de Caib Patrimoni.

También figura imputado el ex gerente de Caib Patrimoni Jaume Vidal, expulsado junto a Pol y Sainz de Baranda del PP a raíz de su imputación en esta causa. Ramis de Ayreflor se dio de baja en el PP tras serle impuesta la fianza.

Según explica un auto del juez, en 2004 el consejo de administración de Caib Patrimoni, ante la inminente recepción de tres solares de otros organismos públicos para desarrollar tres proyectos, decidió, «pese a no ser necesario el gasto público», iniciar un procedimiento negociado sin publicidad de asistencia técnica, concedido al banco de inversión y asesoramiento Atlas Capital.

Además de innecesario, el servicio prestado por Atlas es, según el juez, «totalmente desproporcionado», e incluyó, en el caso del edificio de los bomberos y de sanidad, unos honorarios de 11.900 y 28.000 euros, respectivamente.

Aparte de estos honorarios, el contrato estipulaba para Atlas un 1,8 por ciento de la inversión realizada en concepto de «honorarios de éxito», que ascendieron a 426.216 euros en el caso del parque de bomberos y de 142.848 euros en el de la Conselleria de Salud.

En las ofertas presentadas para esta consultoría figuraban otras empresas que ofrecían sus servicios por menos precio, a pesar de lo cual se eligió a Atlas, cuyo director general -hasta diciembre de 2009- era el imputado Pablo Cervera, quien en su declaración ante la policía indicó que en Baleares su representante era el empresario Jaime Fluxá.

Fluxá fue quien propuso a Atlas, según explicó Cervera, reunirse con el ex conseller Ramis de Ayreflor para presentar sus servicios.

Las propuestas para esta contratación, detalla la policía en un informe, no eran «en ningún momento admisibles», puesto que superaban notablemente los importes que la empresa pública podía conceder mediante un contrato de negociado sin publicidad o una contratación menor.

La Fiscalía considera a los principales imputados en la causa responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho, ya que la empresa pública decidió contratar a Atlas cuando se contaba con los servicios jurídicos y económicos de la Conselleria de Economía, así como con los de la Comunidad Autónoma, por lo que el gasto resultó «absolutamente innecesario».