El Gobierno considera que no se dan los supuestos legales de utilidad pública e interés social para proceder a la expropiación de empresas de Nueva Rumasa y cree que no cabe establecer un «paralelismo» con el proceso iniciado en 1983 sobre Rumasa, que se efectuó en aras de «la defensa de la estabilidad del sistema financiero».
«Obviamente esta justificación no puede aducirse en este caso», señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, al diputado de IU Gaspar Llamazares, quien interrogaba al Gobierno acerca de la situación de la empresa extremeña Carcesa, perteneciente al grupo propiedad de la familia Ruiz-Mateos.
En este sentido, el Gobierno recalca que «no se ha evaluado» la posibilidad de gestionar esta empresa con instrumentos del sector público estatal.
«Hipótesis que no considera»
Tampoco se ha planteado la opción de intervenirla y designar un administrador para garantizar su continuidad, pues al estar incursa la compañía en un proceso concursal, «las decisiones las debe adoptar el juez».
Por último, y ante la sugerencia de Llamazares de adjudicar la gestión de la empresa a los propios trabajadores, el Ejecutivo recalca que la adjudicación sólo sería posible si la Administración General del Estado se convierte en titular de la sociedad, «hipótesis que no se considera».
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