La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la ex consellera insular de Deportes y Promoción Sociocultural, Dolça Mulet, y el ex alcalde de Pollença, Joan Cerdà, sean citados a declarar en calidad de imputados en el marco del 'caso Bomsai', a fin de ser interrogados en torno a las subvenciones que habría obtenido de la anterior Conselleria el empresario Jaume Fluxà -quien estuvo afiliado a UM- pese a estar declarado insolvente.
Así lo ha pedido el fiscal Miguel Angel Subirán durante la comparecencia de Fluxà ante la magistrada sustituta Margarita Bosch, en la que ha admitido que percibió subvenciones por valor de unos 54.000 euros de la Institución insular a pesar de que sus sociedades no estaban al día en el pago de sus deudas, lo que sucedió, tal y como ha reconocido, tras haberse reunido con la propia Mulet para abordar este asunto, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
Desvío de fondos públicos
El Ministerio Público ha solicitado que, además de Mulet y Cerdà, también sean citados dos hijos del empresario, quien ha comenzado a ser inquirido sobre este aspecto después de ser interrogado sobre su mediación entre la empresa Atlas Capital, de la que era agente comercial, con CAIB Patrimoni. Y es que dentro de este caso se indaga un presunto desvío de fondos públicos desde el Govern, a través de CAIB, en el proceso de adjudicación para construir la nueva sede de la Conselleria de Salud y la del parque de bomberos.
El imputado ha negado haber intervenido en estas concesiones aunque sí ha manifestado que junto a los representantes de Atlas mantuvo una reunión con el que fuera conseller de Economía y Hacienda durante la pasada legislatura, Lluís Ramis de Ayreflor, en la que se prepararon las bases para que Atlas asesorase a CAIB Patrimoni en materia financiera y jurídica y confeccionase el pliego de condiciones que debía servir a la hora de efectuar las adjudicaciones.
En esta línea, ha rechazado de este modo que el encuentro, celebrado en 2004, sirviese para preparar la concesión de ambos proyectos. Cabe recordar que el presidente y socio fundador de la empresa Atlas Capital, León Benelbas ya negó ante el juez que en la reunión con el ex conseller, principal imputado en este caso, se hablase de «proyectos o de evitar la convocatoria de un concurso público».También esta misma jornada ha prestado declaración como imputado el ex socio director de Atlas, Raúl Julián, quien ha defendido que Atlas cumplió cumplió con su cometido de presentar una propuesta de servicios, por un importe de 28.000 euros, para asesorar a CAIB cara a buscar fórmulas de financiación en el marco de los procesos de concesión, por lo que ha aseverado que el trabajo se llevó a cabo. Es más, ha alegado que al ser CAIB Patrimoni una empresa privada, no era necesario un concurso público al que concurriesen otras mercantiles.
Julián defiende la legalidad de los honorarios de éxito
Por otro lado, el encausado ha defendido la legalidad de los honorarios de éxito que la mercantil cobró de las adjudicatarias de ambos proyectos, que la Fiscalía estima en unos 570.000 euros percibidos de forma presuntamente irregular, y ha aseverado que se trata de una práctica habitual ingresarlos tras haber asesorado a la Administración a la hora de adjudicar un proyecto y principalmente si éste finalmente ha sido concedido a una determinada empresa.
En concreto, las investigaciones apuntan a que Atlas facturó de forma irregular a la UTE ganadora del concurso para la ejecución del parque de bomberos un total de 426.216 euros en concepto de honorarios de éxito, así como 142.848 euros a la concesionaria de la construcción de la Conselleria. Unos abonos que suponían el 1,8 por ciento del volumen de inversión de cada uno de los proyectos.
En este sentido, los investigadores apuntan a la ilegalidad e improcedencia del pago de los honorarios de éxito con la finalidad de que fuesen abonados por el contratista, ya que estos abonos son incorporados por la UTE adjudicataria al coste del proyecto y, por tanto, son sufragados directamente desde las arcas públicas. Es más, hacen referencia a una falta de proyecto y de presupuesto para efectuar estas contrataciones, al fraude de ley cometido, a la innecesariedad del gasto y a la desproporción en el precio del servicio.
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