El portavoz del PSIB en el Parlament, Antoni Diéguez. | Michel's

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La Junta Electoral de Palma ha remitido a la Fiscalía la queja presentada por el PSIB-PSOE en relación a determinadas y concentradas solicitudes de voto por correo, con el fin de que esclarezca si de sus circunstancias se pueden derivar responsabilidades penales.
Antoni Diéguez, portavoz de los socialistas en el Parlament durante la pasada legislatura y hoy candidato a un escaño en la Cámara, explicó ayer en conferencia de prensa que el pasado día 11 presentaron escrito a la Junta Electoral «al haber apreciado una elevada concentración de peticiones de envío de voto postal en «más de un lugar de Palma y siempre con más apariencia de solar o de caseta de aperos que de finca vecinal», sin que a su juicio exista causa aparente de que lo justifique.
Fuentes solventes
Diéguez reveló que su partido no había puesto en marcha ninguna vigilancia previa sobre posibles actuaciones irregulares en el voto por correo, pero que en su momento «recibieron noticias de fuente solvente», y tras hacer algunas averiguaciones se llegó a la conclusión de que «era sospechosa la concentración de personas que pedían en una misma dirección que les fuese remitida su posibilidad de emitir la papeleta por vía postal».
En un tono críptico, y eludiendo una y otras vez hacer públicos los detalles de su comunicación a la Junta Electoral que ha desembocado en una investigación fiscal, el representante del PSIB-PSOE se limitó a señalar que su formación política tiene sospechas de que «se podría estar produciendo» una manipulación del voto por correo en Palma «por parte de alguien».
Intimidad
Diéguez -a quien acompañaba físicamente en la conferencia de prensa de ayer la secretaria de Organización del partido en Balears, Rosamaría Alberdi, quien no intervino en las explicaciones-, aclaró que a día de hoy esos «votos concentrados y con sospecha de algún manejo» podrían ser retirados por la autoridad electoral del conjunto de los sufragios, pero que desconoce si se tomará alguna decisión al respecto.
En todo caso, el representante socialista quiso remarcar que en un proceso electoral «todo lo que se aleja de la intimidad» puede tener una «tendencia a la manipulación» y ello «en términos penales estaría expresado mediante precio, persuasión o convencimiento».