La jueza interroga este martes al ex conseller de Turismo Miquel Nadal

La comparecencia del también ex presidente de Unió Mallorquina (UM) tendrá lugar en el marco de la pieza número 5 de la causa, que trata de averiguar las irregularidades que se habrían cometido a raíz de los ingresos -62.000 euros más IVA- que percibió el informático Carlos Martínez entre 2007 y 2009, y que habría cobrado mediante sus empresas Mediterránea 2F y TCP-IB Technologic mientras estaba a su vez contratado en el Inestur.

El propio Martínez justificó ante la jueza, durante su declaración como imputado, que había creado ambas sociedades para poder cobrar este dinero como compensación de las horas extra y el exceso de trabajo que desarrollaba como empleado del Inestur, si bien precisó que todo ello se produjo a instancias de los servicios jurídicos de la empresa pública. Así, el encausado aportó numerosas facturas de los trabajos que le fueron encargados desde el Inestur y explicó de forma pormenorizada cada uno de los servicios que prestó.

En relación a Nadal, Martínez, sobre quien pesa un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, manifestó que no le conocía en persona aunque sí señaló que como en 2009 el ex dirigente 'uemita' estaba interesado en la instalación «en tan sólo una semana» de cámaras en las playas por seguridad tras los atentados que ETA perpetró ese año en Palmanova, plazo de tiempo que motivó que ninguna empresa se ofreciese para ello. Sólo una vendió los equipos, que compró Martínez para él mismo instalarlos, tras lo cual el Inestur le refacturó la cantidad abonada (5.846 euros).

Por otro lado, también este martes están citados a declarar el antecesor de Nadal en la Conselleria, Francesc Buils, asistido por los abogados Mateu Sedano y Matías Barón, y el ex responsable de la contabilidad del Inestur, Alvaro Llompart, defendido por Fernando Mateas, en su caso como imputados dentro de la pieza número 3, cuyas pesquisas giran en torno a la transferencia presuntamente irregular de 1,2 millones de euros públicos que la empresa pública efectuó en una cuenta corriente abierta en la entidad bancaria Banif.

Las investigaciones apuntan a que la cuenta fue abierta por Buils, quien habría efectuado dos transferencias por un total de 1,2 millones pese a contar con un informe jurídico desfavorable ya que no se podían depositar en un banco distinto al designado oficialmente para la Conselleria. Por su parte, el ex gerente del Inestur, Antoni Oliver, manifestó que fue Llompart quien propuso la apertura de esta cuenta tras entrevistarse con Buils y con el ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer.

Por su parte, el sucesor de Buils, Miquel Nadal, aseguró sin embargo que cuando tuvo conocimiento de la existencia de esta cuenta, ordenó que se cancelase de forma inmediata y, al preguntar por qué había sido abierta, le explicaron que fue una decisión del anterior conseller, es decir, de Buils.

En un oficio policial incluido en el amplio sumario del caso, el Grupo de Delincuencia Económica asevera que «llama poderosamente la atención» el hecho de que los intereses a percibir en la cuenta de Banif sean nulos, pese a la cantidad ingresada, de lo que se deduce según el escrito que la apertura de la cuenta y el ingreso de los 1,2 millones de euros con un informe jurídico en contra «no obedece a los intereses del Inestur en cuanto a la obtención de una alta rentabilidad». De hecho, el capital invertido no llegó a producir rentabilidad alguna.

Se da la circunstancia de que la magistrada ya había finalizado la instrucción de esta pieza como paso previo a su transformación a procedimiento abreviado, aunque finalmente fue acordada la práctica de nuevas diligencias complementarias. A nivel global, el caso Voltor investiga un presunto desvío masivo de fondos públicos a través del Inestur a empresarios próximos a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares.