Antonio Gómez, ayer, en el acto celebrado en Palmanova. | M. À. Cañellas

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«Mi nombramiento como director general de IB3 tenía que hacerse por responsabilidad. Los letrados del Govern y del Parlament dejaron claro que era la única salida posible ante el vacío que hay en la ley de IB3». De esta manera se manifestó ayer Antonio Gómez, conseller de Presidència y máximo responsable del canal autonómico hasta que se elija al nuevo director general.

Gómez justificó que la ley de IB3 no prevé ninguna solución tras la dimisión de Pedro Terrasa. «Como no se ha elegido el Consejo de Dirección, no es posible que ninguno de sus miembros pueda sustituir al director general hasta que los nombramientos sean aprobados por el Parlament», subrayó.

Gómez se reunirá mañana con Pedro Terrasa y mantendrá también un encuentro con expertos en medios audiovisuales. El nuevo responsable de IB3 todavía no sabe qué pasará con los directivos del canal, si bien éstos deberían dejar sus puestos en unos 40 días, tal y como prevén sus contratos tras la dimisión del director general.
Mientras, los partidos de la oposición criticaron ayer con dureza la decisión del Govern de nombrar al conseller de Presidència como máximo responsable de IB3. Así, el PSM acusa al PP de dinamitar la imparcialidad conseguida en el canal autonómico.

El PSIB acusó a Bauzá, de asaltar IB3 y de provocar un «golpe de estado mediático tomando la televisión». El diputado socialista Antoni Diéguez criticó en rueda de prensa el «asalto» a la cadena autonómica practicado por el PP tras de Televisió de Mallorca.