Jaume Massot, en una imagen de archivo. | Joan Torres

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La Audiencia de Baleares ha absuelto al ex director general del Territorio y exjefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, de una pieza del caso Andratx sobre la construcción supuestamente ilegal de una casa en suelo rústico.

En la sentencia relativa a la pieza número 9 de este extenso caso de corrupción urbanística durante la legislatura 2003-2007 del PP, la Sección Segunda del alto tribunal autonómico considera que, a pesar de que «existen vehementes sospechas» de que Jaime Massot pudiera haber influido en la legalización de la vivienda, las pruebas no son suficientes para condenarlo.

El fiscal pedía 2 años de cárcel para Massot por los delitos de falsedad y ordenación territorial, al considerar que utilizó su influencia política para conseguir las licencias de edificación de la casa.

La sentencia condena, en cambio, a cuatro personas a diferentes penas por estos hechos.

Dos de los condenados son el constructor de la casa, Emilio Martínez (1 año de prisión por falsedad y delito contra la ordenación del territorio), y la funcionaria de Urbanismo del Ayuntamiento Àngela Hernández (6 meses de cárcel por falsedad).

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Los otros dos son el arquitecto director de las obras, Luis Ros (6 meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y multa por otro de prevaricación), y el asesor jurídico del consistorio Jacobo Rodríguez Miranda (multa de 4.320 euros por prevaricación urbanística).

La Audiencia también absuelve, debido a que la Fiscalía retiró la acusación, a la propietaria del terreno, a su hijo y a un técnico del Ayuntamiento de Andratx.

Los hechos se remontan al año 2002, cuando la mujer adquirió una parcela rústica protegida en la que no existía ninguna vivienda, sino simplemente una caseta de aperos en ruinas de 12 metros cuadrados.

En estas condiciones, según la sentencia, era imposible autorizar la construcción en este terreno de una vivienda de nueva planta ni existía ninguna casa que se pudiera reformar.

Sin embargo, los acusados consiguieron las licencias necesarias para construir durante los años 2005 y 2006 una casa de nueva planta de 139 metros cuadrados de dos alturas.

En la sentencia, también se condena a Emilio Martínez, Luis Ros y Àngela Fernández a demoler la vivienda, ya que declara nula e ilegal la licencia en base a la que se construyó.