La ex secretaria de Miquel Nadal, Antonia Vidal (con camiseta naranja) ha declarado en la comandancia de la Guardia Civil de Palma. | Jaume Morey

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La expresidenta de Emaya Cristina Cerdó rechazó ayer haber participado en la supuesta trama orquestada en torno a una ‘oficina fantasma', de atención al ciudadano, creada presuntamente en esa empresa pública para facilitar la contratación de personal afín a Unió Mallorquina (UM), que constituye uno de los ejes en la investigación en la segunda fase de ‘operación Ossifar'.
Cerdó declaró en la sede de la Guardia Civil en calidad de imputada, tras ser detenida por agentes del instituto armado. La exconcejala también negó su implicación en otros aspectos de las investigaciones en esta causa desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción, Guardia Civil y Policía Nacional. El interrogatorio comenzó a las 11.00 de la mañana y finalizó pasadas las 20.00 horas, tras una breve interrupción a media tarde. Cerdó quedó en libertad con cargos.
Arresto
La expresidenta de Emaya ya fue arrestada el pasado mes de febrero en el marco del ‘caso Picnic', que de forma paralela investiga si UM utilizó fondos públicos del Ajuntament para captar nuevos afiliados y futuros votantes de UM, en este caso a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Fomento (IMFOF), y dentro del cual Cerdó se encuentra en libertad bajo fianza de 300.000 euros,
La expresidenta de Emaya, defendida por el abogado Ángel Aragón, había sido involucrada en la ‘operación Ossifar' por la exgerente de esa empresa pública Malén Tortella. Asesorada por el letrado Gregorio San José, Tortella dijo que las órdenes de contratar a diversas personas a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía emanaban «directamente» de Cerdó, aunque matizó que «no todos los contratos fueron para gente afín o enchufados de UM».
Afirmó que el enlace entre Emaya y UM era L.J.Z, jefa de esa oficina. En la ‘operación Ossifar' también se investiga la compra en la legislatura pasada por parte de Emaya de unos contenedores soterrados que supusieron un sobrecoste de entre 1,2 y 1,7 millones de euros frente a otras opciones más económicas. Por ahora, hay siete imputados en la causa, que sigue abierta.