Imagen del bloque XII del Camp Redò que se está rehabilitando actualmente. | ultimahora.es

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La Junta de Gobierno aprobará hoy un acuerdo para llegar a la connivencia de adquirir las viviendas del bloque XII del Camp Redò, más conocido como 'Corea'. A cambio, el gobierno de Mateo Isern ha ofrecido a los propietarios de los citados inmuebles los pisos puentes en los que se encuentran acogidos, o bien algunas de las viviendas municipales o del Ibavi disponibles. Para disponer de estas últimas, Cort llegará a un acuerdo con el Govern, que ya ha manifestado su predisposición de colaboración. «Hay que compensar una situación anómala», argumentaron fuentes municipales.

Hasta la fecha, 18 de las 19 familias afectadas (cinco pisos fueron comprados por Cort la pasada legislatura) se han reunido con el teniente de alcalde d'Urbanisme, Jesús Valls, que les ha expuesto esta oferta; uno de los propietarios se ha negado a hablar.

Fuentes del equipo de gobierno explicaron que Cort no tiene dinero para ejecutar el proyecto de rehabilitación iniciado la pasada legislatura ni para comprarles las viviendas, por lo que ha optado por la opción de permuta.

Sin derechos

Las mismas fuentes recordaron que el acuerdo que firmaron los propietarios con el equipo de gobierno de Aina Calvo les dejaba en una situación de «indigencia jurídica». Así, argumentaron que el citado contrato no tiene cláusula de resolución, ni cláusula de indemnización por incumplimiento, ni plaza de entrega de las viviendas rehabilitadas.

Respecto a las personas que quieren volver a su vivienda del Camp Redò, cabe puntualizar que el contrato firmado recoge que se les dará una casa del bloque XII «preferiblemente». Sin embargo, este periódico ha podido saber que algunos de los propietarios no quieren volver a 'Corea' y están dispuestos a aceptar la oferta municipal.

Como se recordará, el gobierno de Mateo Isern no acometerá el proyecto de rehabilitación de 'Corea' y está estudiando alternativas para la barriada, que pasan por el derribo de la misma. Sin embargo, el alcalde y el titular d'Urbanisme se han comprometido públicamente a dar una solución a las personas afectadas, aunque no están obligados por el contrato firmado.