Representantes de varias entidades sociales han acudido al pleno para protestar contra los recortes. | Pere Bota

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El salón de plenos del Ajuntament de Palma vivió ayer una de las sesiones más crispadas y bochornosas que se recuerdan. Así, el abandono de la oposición y de los representantes de los profesionales del ámbito social puso la guinda a un pleno marcado por los gritos y abucheos que interrumpieron la sesión en numerosas ocasiones; el alcalde Mateo Isern tuvo que rogar «respeto».

«Lo que no sabemos es si estas entidades merecen ser utilizadas en una moción que nosotros entendemos que tiene mucho de demagógica». Esta fue la frase que leyó el portavoz del gobierno municipal, Julio Martínez, y que al escucharla provocó el abandono del pleno de los representantes de los profesionales del ámbito social y de los regidores del PSOE y PSM-IV-Entesa. Sin embargo, Martínez había advertido de que no se trataba de palabras suyas; al terminar la frase aclaró que fue pronunciada por el que fuera diputado del Bloc Miquel Àngel Llauguer durante la pasada legislatura en el Parlament en la reprobación a la entonces consellera d'Afers Socials, Fina Santiago. «No entiendo por qué Llauguer puede decir estas palabras y cuando yo las leo se levantan. Cuando no hay argumentos lo mejor es desaparecer», espetó Martínez, que acusó a la oposición de «buscar la foto antes de las elecciones».

A las puertas de Cort, el portavoz del PSM-IV-Entesa, Toni Verger, respondió que «es igual quién lo ha dicho, pero no se podía decir hoy (ayer para el lector) en contra de la gente que ha sido despedida». En términos similares se manifestó la portavoz socialista Aina Calvo, que lamentó lo sucedido.

Un representante de los profesionales del ámbito social explicó que habían salido del pleno para «expresar nuestra decepción porque después de intervenir y de haber pasado dos horas no hemos tenido ninguna respuesta y porque se nos ha acusado de ir en connivencia con la oposición».

Antes de que la oposición abandonase el salón de plenos, los abucheos y los gritos fueron los auténticos protagonistas, eclipsando el anuncio del alcalde que se comprometió a no reducir la partida destinada a servicios sociales y, si es posible, a incrementarla. «Vamos a estar al lado de los más débiles, pase lo que pase y todo el tiempo que sea necesario. Esa es la política social de este gobierno», aseveró Isern.

Sin embargo, momentos antes los representantes de los profesionales del ámbito social y los partidos de la oposición lo acusaron de haber despedido a 11 educadores familiares, a 29 educadores laborales y a 15 dinamizadores lingüísticos. Además, negaron que los servicios sociales sean capaces de prestar estos servicios como ha asegurado el gobierno municipal.

El alcalde aludió a la mala situación económica que ha encontrado en Cort -dijo que la deuda asciende a 600 millones de euros- para justificar su política de austeridad. Sin embargo, Verger le recriminó que se hayan destinado 10 millones de euros al Palacio de Congresos y 200.000 euros a quitar el carril bici d'Avingudes.