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El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ha aseverado hoy en el Parlament que con el PP en el Govern «ha llegado la seguridad jurídica y ésta se mantendrá» para atraer la inversión privada con el objetivo de crear riqueza y generar puestos de trabajo.

Con ocasión de una pregunta del PSM en el pleno celebrado hoy, el presidente autonómico ha señalado que el Govern quiere aprobar normativas «sencillas, claras y no interpretables» que faciliten la puesta en marcha de proyectos.

El mandatario balear ha reiterado la postura del Ejecutivo de estudiar y permitir aquellos proyectos urbanísticos que fueron prohibidos por el anterior Ejecutivo autonómico del PSIB-PSOE y del PSM, lo que podría suponer el pago de indemnizaciones millonarias a la Administración autonómica como compensación.

Tanto el portavoz del PSM-IV-ExM en el Parlament, Biel Barceló, como el diputado de esta coalición Antoni Alorda se han opuesto a esta política y han recordado que, de haberse aplicado la misma, ahora estarían urbanizadas zonas de Mallorca de gran valor medioambiental como Sa Dragonera o Es Canons de Artà.

En este sentido, Alorda se ha referido a la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) sobre el humedal de Ses Fontanellas de la Playa de Palma, una zona protegida por el Pacto durante la pasada legislatura.

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En concreto, el Alto tribunal exime al Govern del pago de los 6,3 millones de euros que exigían los promotores del centro comercial proyectado.

El portavoz de la coalición econacionalista ha asegurado que «proteger el territorio no tiene precio» y ha criticado que el Govern no tenga en cuenta la importancia de salvaguardar el medioambiente a la hora de favorecer proyectos privados y el dinero de «unos pocos».

Bauzá ha echado en cara al pasado gobierno autonómico que con su política «alejaba» de Baleares los proyectos privados, las inversiones y la generación de riqueza.

También ha dicho que «no es de recibo» que la Administración pública otorgue todos los permisos necesarios para llevar a cabo proyectos y luego los deniegue, y ha defendido que no se puede «jugar» con los derechos adquiridos de «nadie: ésta no es la forma de funcionar».

«Nosotros no queremos jugar a eso de que hoy decimos que sí, mañana puede que digamos que no y mientras tanto es posible cualquier cosa», ha subrayado Bauzá.