Así lo ha remarcado el vicepresidente durante el pleno de la Cámara balear, en el que ha incidido en que si se pretende que los mercados sean «competitivos» y que las empresas sean «fuertes por sí mismas» y tengan capacidad de competir tanto en el ámbito local como nacional e internacional, «todas han de estar sometidas a las mismas reglas del juego» y «no tiene que haber privilegios» para algunas.
En este sentido, ha afirmado que «buena parte» de las subvenciones que se estaban dando hasta ahora «suponían ventajas para unos que significan también desventajas para otros», al tiempo que provocaba que el mercado empresarial de la comunidad no experimentara «los grados de competitividad necesarios para hacer frente a las nuevas circunstancias internacionales y a los mercados abiertos».
En otro orden de cosas, Aguiló ha asegurado que el Estado adeuda a la comunidad balear una cantidad de dinero «realmente importante», en concepto de convenios y otros acuerdos, la cual aseverado que su departamento «continuará» reclamando.
Así, el responsable de la economía de las islas ha afirmado que el actual Govern ha reclamado las partidas pendientes desde el momento en que se hizo cargo del gobierno de la comunidad, si bien ha puntualizado que «la respuesta no ha sido en ningún momento positiva» por parte del Ejecutivo central, sino más bien «todo lo contrario».
En esta línea, ha explicado que el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero dio un «cambio radical» a su política económica a partir del 10 de mayo de 2010, cuando el Fondo Monetario Internacional y otros organismos «reclamaron un cambio de 180 grados» al Gobierno del país.
Como consecuencia, ha precisado Aguiló, el Gobierno socialista dejó «sobre la mesa» toda una serie de partidas pendientes hacia la comunidad balear. Así, ha nombrado entre estos pagos adeudados dos anticipos relativos al Fondo de Competitividad y a la Disposición adicional tercera del nuevo sistema de financiación autonómico, «por cantidades muy importantes».
Asimismo, ha hecho referencia a las inversiones estatutarias, de las que se han reclamado 50 millones de euros en 2010. También hay que sumar la financiación del convenio ferroviario, presupuestado en 440 millones de euros de los que tan sólo se han recibido 57,5 millones, así como la del convenio de carreteras, el cual asciende a 333 millones.
El vicepresidente ha señalado que también se han reclamado al Ejecutivo central partidas destinadas al IB-Salut y a Inestur, por valor de más de diez millones de euros, del mismo modo que la financiación del convenio con Turespaña para el proyecto de reforma de la Playa de Palma, valorado en 83 millones, de los cuales tan sólo se han abonado unos 20 millones.
Por otra parte, Aguiló ha destacado también que el Govern ha llevado a cabo ya «dos grandes pasos» dentro del desarrollo de la Ley de apoyo a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas con el acuerdo de convenios con la sociedad de garantía recíproca Isba para abrir dos líneas de financiación, así como con la aprobación de un paquete de medidas tributarias urgentes para incentivar la creación de empresas.
En este sentido, ha recalcado que estas actuaciones responden a la intención del Ejecutivo de dar protagonismo al sector privado dentro de la economía de las islas para generar empleo y riqueza.
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