UM pagó con fondos públicos a una azafata para los mítines del partido

Así lo ha señalado en su declaración como imputada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, en la que ha aseverado que nunca tuvo conocimiento de estar cobrando del Consell puesto que trabajaba para UM con motivo de los comicios electorales. «Ignoraba que el dinero viniera del Consell, siempre pensé que UM me abonaba los honorarios», ha recalcado la encausada.

Hurtado así como otros cuatro imputados han comparecido este miércoles en el marco de la pieza número 13 del caso Voltor, que indaga la contratación en el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) de una treintena de empleados que, según las pesquisas del caso Voltor, no llegaron a acudir a su puesto de trabajo en esta empresa pública dependiente del Consell, sino que se habrían limitado a realizar labores para el partido nacionalista.

En este contexto, se investiga si exaltos cargos del Consell, entre ellos Nadal, favorecieron la contratación irregular de estos militantes 'uemitas' con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.

Tal y como ha puesto de manifiesto Hurtado, trabajaba en base a listados que le entregaban en la sede de UM así como otro tipo de informaciones, y ha recalcado que únicamente recibía órdenes de Cañellas, entonces secretaria técnica de Nadal y de cuya mano entró a trabajar para la formación.

«No dije nada porque necesitaba trabajar de cualquier cosa»

Por su parte, otra de las presuntas exempleadas 'fantasma' que ha sido interrogada, Alicia Orellana, ha manifestado que también Cañellas se puso en contacto con ella y le dijo que le iba a hacer un contrato en el Consell, por el que por las mañanas «debía hacer de recadera» y por la tarde ir a la sede de UM para realizar trabajos administrativos relacionados con el partido. «No dije nada porque necesitaba trabajar de cualquier cosa», ha apostillado.

Durante su comparecencia, la declarante ha apuntado que, además de Cañellas, también le daba órdenes la secretaria personal de Nadal, Antònia Vidal, si bien «más esta última». Además, ha recordado que se afilió al partido para conservar su puesto de trabajo, para lo cual «me sentí obligada ya que mis jefes eran los mismos en un sitio que en otro».

Mientras tanto, otra de las declarantes, Carina Barroso, ha recordado que firmó un contrato de prestación de servicios para el Consell, en concreto en relación con un proyecto de integración social llevado a cabo bajo la dirección del entonces director insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteres. En este sentido, Barroso ha apuntado que trabajó durante un año después de que Lliteres contactase con ella y ha aportado diversa documentación para acreditar las actividades que realizó.

Asimismo, una extrabajadora del Consell, Fabiola Velásquez, ha explicado que trabajó en el departamento de Relaciones Institucionales para un proyecto que «trataba de acercar Mallorca a las entidades ciudadanas como proyección de la nueva ciudadanía y, en concreto, de los inmigrantes», puesto que a Lliteres «le interesaba desde el Consell manejar una política por la que las asociaciones de inmigrantes pudieran conocer más de Baleares y de las instituciones».

Sin embargo, la encausada, asistida por el letrado Matías Barón, ha asegurado desconocer que el contrato lo hubiera firmado con el Cilma ni para trabajar en el proyecto Mallorca Digital. Velásquez ha resaltado que percibió unos 4.000 euros por este trabajo, que se mantuvo en la siguiente legislatura, y ha manifestado que durante los tres meses en que trabajó hizo un trabajo de campo y un diagnóstico.

Otro imputado: «No hice ningún trabajo para UM»

Finalmente, Joan Albert Rebassa, defendido por el abogado Carlos Barceló, ha señalado que también fue contratado para trabajar en Relaciones Institucionales y no en el proyecto público EIEL. Según ha recordado, se encargaba de inspeccionar los expedientes de subvención para las asociaciones, aseverando que las tareas que le encomendaba Lliteres «no eran más propias de UM que del Consell». «No hice ningún trabajo para UM ni a instancias del señor Lliteres ni de ninguna otra persona», ha sentenciado.

En total, un total de 34 empleados habrían sido contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales. En concreto, los fondos públicos destinados a Infomallorca eran 190.000 euros hasta 2005, año a partir del cual la cantidad se situó en los 167.000 euros anuales hasta 2007. Por su parte, el coste de EIEL en 2007 fue de 110.000 euros mientras que el de Mallorcadigital, el único de los tres que ya no está en marcha, fue de 160.000.

También por estos hechos han sido citados, para el próximo 2 de febrero, el expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer y el exconseller de Juventud y Deportes del Govern y exdirector insular de Proyectos, Mateu Cañellas.