La denunciante del presunto amaño de un concurso valorado en un total de 417.600 euros que fue adjudicado al empresario Jacinto Farrús, ha ratificado sus acusaciones ante la jueza instructora del caso Voltor y ha asegurado sentirse «chuleada» por el Instituto de Turismo de Baleares (Inestur) al recriminar que, a pesar de que su empresa fue la mejor valorada del concurso, éste fue finalmente otorgado a una UTE integrada por dos mercantiles pertenecientes a Farrús.
Así lo ha puesto de manifiesto ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, en una extensa comparecencia en la que ha relatado cómo la «manipulación» de la convocatoria pública la llevó a interponer una denuncia ante la Fiscalía con la intención de poner de manifiesto que el objetivo del Inestur no era otro que beneficiar al conocido empresario balear y que su empresa, Cubic Asesoramiento Empresarial, había resultado perjudicada por estas supuestas irregularidades.
De hecho, el excontable de Unió Mallorquina (UM) y exresponsable económico del Inestur, Alvaro Llompart, afirmó la pasada semana que Farrús se llevó este «goloso» concurso como «compensación económica» después de que esta convocatoria «se inventase en una reunión entre tres amigos», a pesar de que el proyecto «no tenía ni pies ni cabeza».
Durante su declaración, Margarita Munar ha recordado que se presentó a este concurso con la pretensión de presentar un proyecto de consultoría que requirió de una inversión de tiempo y dinero «altísima», en torno a los 62.000 euros, ya que «durante el tiempo que trabajábamos en el no estábamos trabajando en otros», a lo que se sumaba «los gastos del aval, del equipo de despacho y de la ayuda externa de otros profesionales del ramo».
Tal y como ha explicado, cuando se enteró que THR y Tourin Consulting -administradas por Farrús- habían resultado ganadoras, se enfadó «un poco» y decidió pedir explicaciones oportunas en relación a la valoración que desde el Inestur se había hecho de su trabajo. «Nos remitieron el informe detallado y pudimos ver cosas que no eran correctas», ha aseverado Munar, quien entonces, ha puntualizado, aún no sabía que a Cubic «se le había dado un informe favorable para que le fuera adjudicado provisionalmente el proyecto».
Fue cuando le llamó un miembro de su equipo, que le comentó que la fórmula económica del concurso estaba «mal aplicada», cuando procedió a recurrir el resultado para que quedara sin efecto la adjudicación, mientras que desde el Inestur «constantemente se defendió el trabajo de sus técnicas», quienes presuntamente alteraron las valoraciones para beneficiar a Farrús. De hecho, una jurídica de la empresa pública, Magdalena Coll, le transmitió tras su queja que «era lo que era y que la puntuación obtenida por Cubic era la que aparecía».
«O le daban el proyecto a la UTE o no se lo daban a nadie»
«Desde el punto de vista ético y profesional no podíamos consentir que ocurriera algo así, ya que nos llegó el mensaje de que el proyecto o se lo daban a la UTE o no se lo daban a nadie», ha incidido la denunciante, quien ha recordado que acudió a Fiscalía a denunciar este supuesto amaño, respecto a lo cual ha asegurado que «en ningún momento recibimos instrucciones del fiscal de lo que teníamos o no teníamos que poner en la denuncia».
La declarante ha resaltado asimismo que en uno de los informes que le remitió Coll del Inestur defendían que priorizaban técnicamente la propuesta de THR porque en su equipo figuraba Eulogio Bordas, «a quien consideraban presidente de la OMT, cosa que no era verdad, como tampoco estaba en el equipo técnico propuesto por la UTE». Quien sí estaba, ha apostillado, era la hija de Farrús, quien «había estudiado publicidad y sólo había trabajado en una empresa de su padre», pero la comparaban «con profesionales del sector turístico».
Finalmente, la administradora única de Cubic ha recordado que un día antes de denunciar ante la Fiscalía recibió una llamada de un técnico de su equipo para decirle que le había llamado el representante de THR en Palma y que «por mi culpa les iban a anular el concurso».
Su comparecencia ha tenido lugar en el marco de la pieza 10 del caso Voltor, que se centra en las adjudicaciones presuntamente irregulares que percibió Farrús de la Administración, puesto que no sólo recibió contratos del Inestur sino también de otras esferas del Govern, según las pesquisas del caso Voltor. De hecho, el empresario figura como administrador o apoderado de 21 sociedades mientras que se le relaciona con otras 120 mercantiles de las que ha formado parte.
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