Los funcionarios salieron a la calle en la pasada legislatura para protestar por el recorte salarial aplicado por Zapatero. | Pere Bota

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La política de recortes también ha llegado al personal de la Administración. El Govern ya ha despedido a más de 310 trabajadores, entre personal laboral e interinos, según figura en una respuesta parlamentaria del conseller d'Administracions Públiques, Simó Gornés, a la diputada del PSOE Lourdes Aguiló a petición de ésta.

A estos 310 despedidos se suman además cerca de 400 que trabajaban para las empresas públicas de la Comunitat, lo que eleva la cifra global a más de 700 trabajadores públicos de la Administración autonómica. Esta cifra aumentará probablemente a lo largo de este año, ya que la previsión es profundizar en el recorte de empresas públicas.


165 interinos

La respuesta detalla dónde se han realizado los despidos, que corresponde de forma mayoritaria al personal funcionario interino. En esta categoría han perdido el trabajo 165 empleados, en algunos casos porque ha finalizado el periodo de tiempo para que el habían sido contratados y, en otros cosas, porque han finalizado «las necesidades urgentes y extraordinarias de incremento de la actividad», según figura en la respuesta del conseller.

Por lo que respecta al personal laboral vinculado a las conselleries o a los organismos autónomos de la Comunitat, los despidos han afectado a 145 trabajadores. De ellos, un total de 85 trabajaban en la Conselleria d'Educació. A ella le sigue, paradójicamente el SOIB, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, donde han sido despedidos un total de 26 trabajadores.

Por conselleries

En la Conselleria de Presidència se han producido 19 despidos, según figura en la respuesta; en la Conselleria de Turisme han despedido a 9 personas y en la de Sanitat, a 3. La lista se completa con un despido en Presidència del Govern y otro más en el Servei de Salut de les Illes Balears.

A todas estas medidas de ahorro en personal se suman otras que puso en marcha el nuevo Govern nada más llegar al poder. Una de las más controvertidas o cuestionadas desde las centrales sindicales fue la de poner a trabajar a 89 liberados sindicales. Según las estimaciones realizadas en su día por el Govern, este simple hecho permite ahorrar 3,1 millones en un año.

Cuando se tomó esta decisión, el conseller Simó Gornés explicó que, pese a esta reducción, todavía hay otros 280 funcionarios que disponen de horas sindicales. Las horas sindicales se pueden agrupar en un solo sindicalista, si así lo desean.