El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma ha fijado para el 25 de abril la celebración de la subasta pública de las tres fincas con las que el expresidente del Govern, Jaume Matas, garantizó el préstamo que el Banco de Valencia le concedió para hacer frente a la fianza penal de tres millones que le fue impuesta en el marco del caso Palma Arena, posteriormente rebajada a 2,5 millones de euros.
A finales de enero la entidad bancaria solicitó que se fijara nueva fecha para la puja, después de que una semana antes el Juzgado suspendiese la subasta que había prevista a petición de la propia entidad financiera, que en la actualidad se encuentra intervenida por el Banco de España. El Banco de Valencia presentó un nuevo escrito para solicitar la celebración.
Y es que el principal imputado de esta causa no ha abonado los más de cuatro millones que adeuda a la entidad bancaria a raíz del préstamo, de forma que el Juzgado deberá sacar a subasta no sólo la principal vivienda que Matas posee en el casco antiguo de Palma, conocida como 'palacete', sino también un inmueble que el expresidente del PP balear tiene en La Rambla además de un local ubicado en la calle Sant Miquel.
Fue en mayo del pasado año cuando el banco presentó una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del Ejecutivo autonómico, en un plazo de treinta días, los tres millones de euros correspondientes al préstamo que le concedió el año pasado para que el encausado hiciera efectiva la fianza -cuyo pago le permitió eludir su ingreso en prisión preventiva-, a los que se suman más de un millón de euros por los intereses del crédito y los gastos procesales generados desde entonces.
Un procedimiento que, sin embargo, no va únicamente dirigido contra Matas sino también contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del 'palacete', así como contra la madre del ex presidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel. Una vez los bienes patrimoniales salgan a subasta, cualquier ciudadano podrá pujar por ellos aunque en caso de que mediante este proceso no se alcance la cantidad adeudada, la entidad bancaria podría quedarse con los inmuebles en propiedad para su posterior venta.
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