Juan Alemany, frente al retrato de su abuelo Juan Alemany Vich, en el Colegio Notarial.

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El abogado y profesor del curso de post-grado de Derecho Urbanístico Juan Alemany Garcías analiza de forma positiva el decreto ley 2/2012 del pasado 17 de febrero sobre medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que muy pronto verá la luz como ley, tras su tramitación parlamentaria.

«El nuevo decreto va a permitir a los ayuntamientos de las Islas llevar a cabo modificaciones urbanísticas importantes, aún cuando no hayan adaptado su normativa a los planes territoriales insulares (PTI). Sin embargo, ello no impide que los municipios sigan teniendo que adaptarse a los mismos. El decreto, a parte de activar la economía, da mayor seguridad jurídica y una visión municipalista para desarrollar su modelo urbanístico», apunta Alemay.

Ley del Suelo

Este experto en urbanismo considera necesario que para complementar el decreto ley para la ordenación urbanística «es imprescindible que durante esta legislatura podamos tener una Ley del Suelo autonómica».

Entre las novedades más destacables del decreto ley, Alemany cita que fija un concepto estricto de suelo urbano y que se regula, por vez primera, «la posibilidad de calificar como urbanos asentamientos en el medio rural existentes durante la entrada en vigor del decreto, cuyas dimensiones y características no permitan o hagan aconsejable exigir todos los servicios urbanísticos básicos».

Y añade que es potestad de los ayuntamientos «ordenar espacios urbanizados y prever la consolidación de manera integral y respetuosa con el medio ambiente».

En su opinión, el citado decreto «pretende dar una respuesta a la dispersión normativa existente. Y no se trata de dar una carta en blanco a propietarios o promotores, sino que se trata de un instrumento de agilización económica y jurídica».