Mateo Isern y Julio Martínez en una imagen de archivo. | Pere Bota

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El alcalde Mateo Isern y el titular de Economia, Julio Martínez, se desplazarán el próximo martes a Madrid para no tener que devolver la subvención del Palma Arena que reclama la Secretaría de Estado de Deportes. Isern y Martínez argumentarán que la obra del velódromo está ejecutada y responsabilizarán al gobierno de Aina Calvo por no haber realizado la justificación pertinente. El teniente de alcalde de Economia señaló que tener que devolver los 3 millones de euros de la subvención, más 800.000 euros de intereses de demora pone en una situación muy delicada a las arcas de Cort.

Por otra parte, Cort tendrá que abonar unos 5 millones de euros en gastos financieros si finalmente se endeuda en 114 millones de euros para pagar a los proveedores; Madrid no ha confirmado qué cuantía dará, ni si se incluyen los confirmings (unos 12 millones de euros).

Consell y Govern

El PSOE presentó una proposición en la Comisión de Cuentas para que el Consell y el Govern asuman los gastos financieros, ya que le adeudan al Consistorio más de 50 millones de euros; el equipo de gobierno votó en contra y la propuesta no salió adelante. «Si Antich y Armengol hubiesen pagado cuando tocaba no estaríamos así», espetó Martínez. Los partidos de la oposición recriminaron al gobierno que tienen que defender los intereses de Cort y no los del PP. «El que manda es Bauzá y ustedes se cuadran porque priman los intereses partidistas», espetó Alcover. El titular de Economia destacó que lo importante es pagar a los proveedores y puso en duda que la oposición quiera hacerlo.

El PSM-IV-ExM se mostró especialmente preocupado por el plan de ajustes para poder pagar a los proveedores. Martínez señaló que aún no lo tienen terminado, pero se comprometió a convocar una comisión de cuentas extraordinaria antes del pleno del próximo viernes, donde será aprobado. No obstante, reiteró que Cort ya ha tomado muchas de las medidas que señala borrador y adelantó que «estaremos vigilados cada tres meses por cualquier auditoría privada que el Estado contrate» para comprobar el cumplimiento del plan.