Un momento de la declaración de Damià Vidal, imputado en el caso Bitel. | Jaume Morey

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El juicio que tiene lugar en la Audiencia Provincial de Palma por el presunto desvío de 700.000 euros a través de la empresa pública Bitel prevé quedar visto para sentencia este martes, jornada en la que tendrá lugar la fase de prueba documental que queda pendiente, las conclusiones y los informes finales.

Junto a Vidal, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros y para el que la Fiscalía rebajó su petición de pena de 14 a 12 años de cárcel, también están siendo juzgados el exsecretario de Bitel, Sebastián Romaguera, quien se ha conformado con la pena solicitada para él -una multa de 5.400 euros-; el ingeniero informático Iván Guardia -para quien la Fiscalía solicita un total de 20.680 euros de multa- y el exdirigente de las Nuevas Generaciones del PP, Ramón de la Iglesia -petición de 7.380 euros de multa-.

Mientras tanto, el fiscal Pedro Horrach retiró sus acusaciones contra el exjefe financiero de la empresa, Miquel Simonet, para quien inicialmente reclamaba dos años de privación de libertad.

Tal y como postula el Ministerio Público, Vidal ideó y planificó diversas actuaciones dirigidas a apoderarse de ingentes cantidades de los fondos públicos de los que tenía poder cuando estaba al frente de la entidad pública, aprovechando para ello la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros. Para ello, utilizó diversos mecanismos, entre ellos el uso de la tarjeta de crédito de la sociedad en beneficio privado y realizando transferencias desde la cuenta de Bitel a la suya propia.

Así, en su escrito de calificación definitivo, formulado de forma conjunta con Bitel como acusación particular, asevera que los expedientes de contratación son «una pieza fundamental del engranaje ideado por los acusados para lucrarse» e incide además en que todos los contratos «tienen su origen en un acto de prevaricación», puesto que se otorgan «sin la observancia de los procedimientos establecidos por la Ley para la contratación de las administraciones públicas».

«TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION SON SIMULADOS»

«No estamos ante meras irregularidades sino ante infracciones evidentes, flagrantes y clamorosas», añaden las acusaciones, quienes llegan a postular que «absolutamente todos los expedientes de contratación analizados son simulados» y con ello «sólo se pretende dar apariencia de legalidad a decisiones prevaricadoras».

La Fiscalía y la acusación particular observan asimismo la recepción y el abono de facturas emitidas siempre por las mismas personas o entidades -De la Iglesia, Iván y Alexandre Guardia, Hélix Infocom y Auditoría Informática Balear-, que aparecen de forma reiterada en la contabilidad de la empresa pública en el marco de «una ausencia total y absoluta de documentos que soporten los conceptos facturados».

Se da la circunstancia de que Vidal fue perito de la defensa en el primer sumario del caso Bitel, que indagaba si desde la Secretaría de Matas en su primer mandato fue espiado el correo electrónico del entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, el socialista Francesc Quetglas.

Este es uno de los primeros juicios que tienen lugar por las presuntas irregularidades cometidas al frente de diversos organismos públicos durante el último mandato de Jaume Matas, quien por su parte está siendo investigado en el marco del caso Palma Arena y se encuentra en libertad bajo fianza de 2,5 millones de euros, una de las más altas impuestas a un político en España.