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El Pleno del Parlament ha aprobado este martes el Decreto ley de medidas tributarias para la reducción del déficit de Baleares, que incluye diferentes iniciativas como la implantación del céntimo sanitario, el incremento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la subida del tipo para la compraventa de vehículos de mayor potencia y la deducción autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), medidas que el Govern ha calculado que supondrán un ahorro de alrededor de 58 millones de euros.

Concretamente, el Decreto ha sido aprobado con 32 votos a favor y 21 en contra y la normativa será tramitada como Proyecto de Ley. Según ha explicado en la sesión plenaria el vicepresidente económico de Promoción Empresarial y Ocupación, Josep Ignasi Aguiló, se trata de las medidas encaminadas a aumentar los ingresos de la comunidad que inciden menos negativamente tanto en la ocupación, como en el mantenimiento de las prestaciones sanitarias y en la calidad de éstas.

No obstante, la diputada del PSIB Lourdes Aguiló ha criticado que el Govern haya vuelto a utilizar la figura del Decreto Ley para presentar estas medidas. Según ha censurado, el Ejecutivo autonómico está gobernando «a golpe de Decreto Ley, sin diálogo, sin consenso y sin idea clara de hacia dónde ir».

Así, ha lamentado que usen el Decreto Ley «no por urgencia» sino, según su opinión, «para evitarse trámites como informes y memorias económicas. Esta es su ortodoxia», ha dicho al vicepresidente.

Por otro lado, después de que el Govern y PP hayan remarcado que el céntimo sanitario se aplica actualmente en todas las Comunidades Autónomas a excepción de Aragón, Canarias y La Rioja, la socialista ha contestado que en otras autonomías tienen también el Impuesto de Patrimonio, mientras en Baleares se bonifica al 100%.

Céntimo sanitario e impuesto de patrimonio

En este sentido también se ha manifestado el portavoz del PSM-IV-ExM y Més per Menorca, Biel Barceló, quien ha criticado que, mientras el Govern rechaza implantar el Impuesto de Patrimonio, que gravaría a las rentas más altas, gravará en 4,8 céntimos el litro de gasolina, lo que perjudicará a todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de renta.

Además, Barceló ha apuntado que su coalición podría «estar de acuerdo» con este céntimo sanitario si en Baleares hubiese una verdadera política de apoyo al transporte público, algo que es inexistente, según su opinión.

El portavoz de la coalición econacionalista, que ha señalado que su grupo está de acuerdo con la medida mediante la cual se aumentan los tipos impositivos aplicables en las transmisiones patrimoniales, ha considerado que todas estas medidas «son mínimas, muy pobres y totalmente insuficientes».

Asimismo, pese a que el Govern calcula con este paquete recaudará entre 56 y 58 millones de euros anuales, Barceló ha indicado que, puesto que se comenzarán a aplicar desde mayo, se ingresaría el 66 por ciento del total.

El portavoz del PSM también ha aprovechado su intervención paras criticar el «expolio fiscal» que sufre la comunidad, que aporta el 14 por ciento de su PIB al Estado, y ha defendido la necesidad de implantar un concierto económico solidario, que «solucionaría estos problemas».

Medidas que no penalizan el ahorro, según el PP

Por su parte, el parlamentario del PP Francesc Mercadal ha asegurado que este paquete de medidas no penaliza el ahorro y, además de mejorar la inversión, garantiza la financiación de la sanidad pública balear.

El 'popular' ha criticado los «mantras» utilizados por los partidos de la oposición basados en la aplicación del Impuesto de Patrimonio y en la dicotomía entre «ricos y pobres», ha señalado.

Mediante esta nueva normativa se prevé poner en marcha diversas medidas urgentes con el objetivo de obtener los ingresos necesarios para que Baleares pueda cumplir el objetivo de déficit del 1,5 por ciento del PIB balear fijado por el Gobierno central para el año 2012.

Medidas concretas

En concreto, la implantación del tramo autonómico del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario) grabará 4,8 céntimos el litro de gasolina, lo que supondrá una recaudación de 35 millones de euros destinados todos a cubrir las políticas sanitarias del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut). Se aplicará una devolución de este impuesto a los transportistas y taxistas y no se aplicará al gasoil de usos especiales y de calefacción.

Con el incremento de los tipos para la compraventa de vehículos se dos medidas encaminadas a grabar la adquisición de vehículos, que reflejan una mayor capacidad de pago por parte de los contribuyentes. En concreto, se trata del aumento del tipo impositivo del 4 al 8 por ciento del Impuesto de Transmisiones que graba la compraventa de coches de segunda mano para vehículos de más de 16 CV.

Asimismo, se sube el tipo del Impuesto especial sobre determinados medios de transporte del 14,75 al 16 por ciento a aquellos vehículos nuevos, como los vehículos con emisiones de CO2 iguales o superiores a 200 gramos por kilómetro, vehículos tipo quad o motos náuticas. La recaudación prevista asciende a unos 900.000 euros.

Transmisiones de bienes inmuebles

Por otro lado, respecto al incremento de los tipos impositivos en las transmisiones de bienes inmuebles, así como la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, la tasa va dirigida a los contribuyentes con mayor capacidad de pago. Actualmente, el tipo impositivo es fijo y se establece en un 7 por ciento.

El incremento también será progresivo y subirá del 7 por ciento al 10 por ciento a partir de los bienes de más de 300.000 hasta 700.000. Todos los inmuebles con un valor menor a 300.000 euros siguen con una base liquidable del 7 por ciento. Con todo ello, el Govern prevé una recaudación de 20 a 22 millones de euros.

Finalmente, en cuanto a la deducción autonómica del IRPF se establece una deducción de la cuota íntegra autonómica del 15 por ciento de los gastos del contribuyente en concepto de primas de seguros individuales de salud en tres casos: mayores de 65 años, personas con una minusvalía igual o superior al 65%, y familias numerosas. El objetivo de esta medida es descongestionar la sanidad pública e incentivar el sector privado.

El coste que supondrá esta deducción es de unos tres millones de euros y se calcula que beneficiará a unas 50.000 personas.

Por otro lado, también se prevén medidas de gestión tributaria para facilitar a los contribuyentes la práctica de la tasación pericial contradictoria (se reduce el coste de esta tasa) y la cancelación de hipotecas (ya no será necesario presentar la documentación ante la Agencia Tributaria), así como una regulación de las garantías que deben aportar los operadores del sector del juego, las cuales se extienden a las deudas tributarias.