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El Govern quiere que los promotores de obras urbanísticas ilegales demuelan las construcciones hechas sin permisos ni licencia ya para ello ha rebajado las sanciones económicas que pagarán los infractores siempre que tumben las obras hechas al margen de la ley. El proyecto de ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible presentado por el conseller Gabriel Company introduce modificaciones en la Ley de Disciplina Urbanística que van en esa línea

El texto, que en estos momentos se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, cambia el artículo 39 de la Ley de Disciplina para fijar las rebajas. Hasta ahora, quienes cometían una ilegalidad urbanística que no podía legalizarse debía pagar una multa equivalente al doble del valor de las obras hechas sin licencia y además tenían que derribar los trabajos realizados sin permiso.

Con la nueva ley, los promotores de obras ilegales tendrán que derribar las obras, pero sólo pagarán entre el 5 y el 10 por ciento del valor de las obras ejecutadas sin permiso. En aquellas obras que sí puedan legalizarse, es decir, que se hayan hecho sin la correspondiente licencia, pero sean legales, la sanción también se rebaja hasta el 5 o 10 por ciento del valor de las obras.

Demoliciones

La intención del Govern con este cambio legislativo es conseguir que los propietarios de las viviendas en las que se hayan realizado obras ilegales las tiren abajo por iniciativa propia. Hasta ahora, cuando se detectaba a un infractor, dada la importante cuantía económica que debía pagar, lo habitual es que se agotaran todos los plazos para evitar hasta el final el pago de la multa y la demolición de la obra.

El Govern cree que, con esta modificación, quienes hayan cometido una infracción, demolerán las obras por su cuenta sin esperar hasta el final del proceso dado que la cuantía económica de la multa se rebaja de manera sustancial.

Los alcaldes y los responsables del Consell de Mallorca seguirán siendo las autoridades competentes para abrir expedientes. En los últimos cuatro años, la institución insular ha abierto 1.144 expedientes de disciplina urbanística, aunque representa una mínima parte de las obras que se sabe que se hacen sin licencia.

La pesada carga de las sanciones que se imponían hasta ahora ha tenido consecuencias muy graves para algunos promotores de obras ilegales. Al no poder pagar la multa que fija la ley, el Consell ha llegado a embargar bienes que posteriormente ha vendido en subasta pública.

De hecho, esta misma semana se han subastado cinco inmuebles de otros tantos propietarios que no pudieron pagar las sanciones urbanísticas impuestas por el Consell. Las cuantiosas multas sumaban 1.259.921 euros repartidas en una de 397.377 euros, 112.833 euros y dos más de 222.625 euros cada una de ellas. No es la primera vez que el Consell ha hecho subastas de este tipo ya que en el año 2010 se hizo otras por los mismos motivos: el impago de las multas urbanísticas.