Imagen de la rueda de prensa de esta mañana. | Jaume Morey

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Los sindicatos UGT, CCOO y STEI-i han convocado a la ciudadanía de Baleares a movilizarse el próximo domingo para protestar en una manifestación contra los recortes de 10.000 millones de euros en educación y sanidad del Gobierno central.

«Con la educación y la sanidad no se juega» es el lema de la protesta del domingo 29 de abril a las 19.00 horas, que saldrá de Plaza España de Palma y llegará hasta el paseo del Borne.

Así lo han anunciado esta mañana en una rueda de prensa los líderes de los tres sindicatos más representativos, que se han puesto de acuerdo para defender los servicios públicos que, según han dicho, el Gobierno del PP intenta «convertir en un negocio».

«Pretendemos que sea una convocatoria cívica, ciudadana, plural y abierta a que se adhieran quieren consideren, como nosotros, que estos recortes son injustos. Es una convocatoria, que va más allá de lo laboral», ha señalado la secretaria general de CCOO en Baleares, Katiana Vicens.

Para el líder de UGT en las islas, Lorenzo Bravo, estos recortes suponen «uno de los ataques más grandes que ha habido desde la guerra hasta aquí».

«Estamos delante de un modelo de recentralización en el que el Gobierno le dice a las Comunidades Autónomas lo que tiene que hacer y dónde tienen que recortar», ha manifestado el secretario general de STEI-i, Biel Caldentey.

Esta convocatoria de los sindicatos del archipiélago se une a la nacional realizada desde el Plataforma por la Defensa del Estado del Bienestar, han informado los representantes sindicales.

Esta tarde, los convocantes se reunirán en la sede de UGT con las entidades como FACUA, la Coordinadora de ONG, la OCB, asociaciones de vecinos y el Consell Social de Mallorca para pedirles su adhesión a la manifestación.

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«Hemos pasado del azul del PP al rojo, pero no de comunista o socialista, sino de los números que nos presentan», ha indicado Bravo, que ha repasado la disminución de los Presupuestos Generales del Estado de hasta el 21 % en Educación, Cultura y Deportes, del 10 % en Empleo y Seguridad Social, o del 31,9 % en Industria y Energía.

«Amnistían a los chorizos, a los que tienen dinero en los paraísos fiscales, en vez de perseguirlos, pegarles una buena denuncia, meterlos en la cárcel y quitarles el dinero, castigan a las personas de bien, a los estudiantes, pensionistas y bajan el nivel de las clases sociales. Todo esto va a empobrecer a las familias en su conjunto», ha precisado Bravo.

Alarma social

Por su parte, Vicens ha destacado que, con estas medidas, el Gobierno «lo único que está haciendo es crear alarma social», con una «clara intención ideológica de transformar el modelo social para convertir en negocio los servicios públicos» y «lo primero que hace es mermar la calidad».

«Envían mensajes de que esta es la única alternativa y dicen que no hay dinero para pagar los servicios públicos mientras hay dinero para pagar otras cosas», ha precisado Vicens, que considera que se pueden reducir de otras partidas presupuestarias «que no afecten directamente a la ciudadanía y al Estado de Bienestar».

En opinión del Caldentey, el Gobierno central está interviniendo de facto las autonomías. «Estamos delante de una perversión de la lógica del estado de las Autonomías», ha dicho.

El líder del STEI-i ha dicho que ya hay ciudadanos que se están viendo afectados por los recortes en sanidad, «que pueden poner en riesgo la salud». También se ha referido al incremento de las tasas universitarias y al hecho de que éste podría traducirse en un incremento de becas.

«A través del repago se está diciendo que si eres consumidor del servicio y pagas más, una parte podrá ir destinada a las becas. Es una perversión de la lógica de igualdad de oportunidades», ha señalado Caldentey, que ha agregado que esta política va en contra de la europea, que si bien, ha reducido plantillas, no ha hecho los recortes del Gobierno español.