El proyecto de ley de urbanismo sostenible que tramita el Parlament exime a los promotores de destinar el 30 por ciento del suelo a construir Viviendas de Protección Oficial en los municipios de menos de 3.000 habitantes, según confirmó ayer el conseller d'Agricultura, Territori i Medi Ambient, Gabriel Company.
El conseller participó ayer en unas jornadas de trabajo organizadas por la Federació d'Entitats Locals de Balears (FELIB) para explicar el contenido del decreto reconvertido en ley y aclarar las posibles dudas de los municipios al respecto.
Al término de la reunión, el conseller explicó a los medios de comunicación que el proyecto de ley que aprobará en breve el Parlament da una gran importancia a los ayuntamientos, que son quienes tendrán la última palabra en materia urbanística, aunque siempre respetando la ley.
Parcelaciones
Explicó, por ejemplo, que serán los municipios quienes autoricen las parcelaciones que se hayan hecho de manera ilegal, siempre que se cumplan los requisitos que marca la ley. Los ayuntamientos también podrán decidir qué cargas urbanísticas imponen a los promotores, que se moverán en una horquilla de entre el 5 y el 20 por ciento del valor de la promoción, cuando hasta ahora la norma es de un 15 por ciento para todos los municipios.
El conseller insistió en que el proyecto de ley dará más seguridad jurídica y eficacia administrativa. «Es una regulación del suelo compatible con el desarrollo económico de Balears», declaró el conseller.
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