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El anuncio del Govern de que va a cerrar el hospital Joan March por ajustes presupuestarios, plantea a priori toda una serie de problemas legales, más aún cuando los terrenos en los que se ubica dicho hospital fueron donados por el financiero Joan March Ordinas al Patronato Nacional Antitubérculoso en 1938.

La finalidad de la donación fue que estos terrenos, unas 20 cuarteradas (170.000 metros cuadrados), se destinaran a uso sanitario.

Ahora queda ver qué quiere hacer el Govern con esta instalación, ya que en caso de que el cierre sea definitivo o se plantee su derribo quedará eliminada de raíz la finalidad de la donación, el uso sanitario.

Indicar que existe un precedente cercano sobre este tipo de desafecciones, en el que la familia March fue también protagonista.

A finales de 2007, el Ministerio de Defensa sacó a subasta pública la batería de costa del cabo de ses Salines, cuyos terrenos fueron cedidos por la familia March a Defensa en 1951, para uso estrictamente militar.

El Juzgado de Primera Instancia nº 5 y la Audiencia de Palma fallaron a favor de la familia March, por lo que el Ministerio de Defensa tuvo que devolver dichos terrenos a los March al desaparecer el uso militar.