El titular del juzgado de instrucción 1 de Palma ha decretado libertad para los dos socios de la empresa Minser, Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas, detenidos el pasado mes de mayo en una nueva operación anticorrupción.
Los abogados de Escuer, Carlos Barceló, y de Rivas, Salvador Perera, pidieron al juez Juan Catany que decretara libertad para sus defendidos, que ingresaron en prisión sin fianza el 8 de mayo por decisión del juez de guardia tras ser detenidos en una operación anticorrupción.
Los dos socios de la empresa informática, imputados de los delitos de malversación y fraude, saldrán en libertad esta misma tarde, han informado a Efe fuentes jurídicas.
En este nuevo caso de corrupción se investigan dos contrataciones supuestamente irregulares por unos 60.000 euros concedidos en 2006 por el Consell de Mallorca a la empresa Minser para dos trabajos que supuestamente no se realizaron.
Ese año el Consell lo presidía Maria Antònia Munar y lo vicepresidía Miquel Nadal, ambos de Unió Mallorquina.
La que fue secretaria técnica de Vicepresidencia del Consell, Eugenia Cañellas, declaró la pasada semana como imputada en este caso y explicó que quien seleccionó a las empresas que optaron a uno de los contratos, convocado para elaborar un informe sobre hábitos de lectura de los niños, fue el entonces y ahora jefe de protocolo de la institución insular, Antoni Salom, también imputado.
La empresa Minser está siendo investigada en otras causas de supuesta corrupción, en concreto en los casos Voltor y Maquillaje, por el supuesto trato de favor que recibió por parte del extinto partido nacionalista.
4 comentarios
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suma y sigue,el cuento del chorizo que no descansa,además parece que los jueces con estas decisiones,los inducen a hacerlo
Estas estancias tan cortitas en el "hotel", lo único que hacen es fomentar "sa ma de moro". Cualquier choricillo de poca montar, por robar unas acelgas en el super, se pudre en la trena. De asco.
Ojo al dato! La Justicia debe actuar con celeridad y cortar por lo sano cualquier intento de entorpecer la resolución judicial mediante interposiciones procesales tendentes a marear la perdíz.El pueblo de Sineu soporta que su Ajuntament no pueda atender debidamente servicios básicos de su competencia como lo es el escoleta infantil mientras la ladrona recaudadora está en prisión y su hijo disfruta del patrimonio conseguido con el dinero robado por su madre. Vaya chollo.Esperaban acaso que la tal fuera poniendo el patrimonio forjado a su nombre?
Ya estaba tardando en soltarlos