La sección segunda de la Audiencia de Palma será la encargada de juzgar a la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, el exvicepresidente Miquel Nadal y los exconsellers Miquel Àngel Flaquer y Bartomeu Vicens, por el llamado 'caso Can Domenge', en un juicio para el que aún no hay fecha.
Como ponente ha sido designado el magistrado Diego Gómez-Reyno, que presidirá el tribunal del que será el segundo juicio contra Munar, después del celebrado a mediados de mayo por el 'caso Maquillaje', según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
El caso Can Domenge juzgará a los cuatro políticos de Unió Mallorquina (UM) por la venta supuestamente fraudulenta de un solar público durante la legislatura 2003-2007, cuando el Consell de Mallorca lo presidía Munar.
La venta del solar se adjudicó en 2006 a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.
Por este caso de supuesta corrupción la Fiscalía pide 6 años de cárcel para Munar, Nadal, Flaquer y Vicens por los delitos de fraude a la Administración y revelación de secretos, así como entre 8 y 10 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación.
El ministerio público pide también un año y medio de prisión para el abogado Santiago Fiol por fraude y revelación de secretos, y para el empresario Román Sanahuja solicita 2 años por fraude y uso de información confidencial.
El pasado mes de febrero, el Juzgado de Instrucción 12 de Palma decretó el embargo preventivo de once inmuebles propiedad de la expresidenta del Consell, y la retención del dinero de sus cuentas, para cubrir la fianza civil de 37,1 millones de euros impuesta por la juez del caso Can Domenge, así como de doce inmuebles de Nadal y uno de Flaquer.
Los 37,1 millones de la fianza solidaria corresponden al dinero que el Consell supuestamente dejó de cobrar al vender el solar por un precio inferior, y la juez los calculó a partir de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que fija el precio de mercado del terreno en aquel entonces en 57.837.107 euros (cantidad a la que resta los 30 millones que cobró el Consell).
