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El alcalde de Palma, Mateo Isern, convocó ayer de urgencia a los sindicatos para comunicarles que retiraba el documento de máximos sobre la aplicación del decreto del Govern de recortes para los funcionarios, que le entregó el pasado martes la teniente de alcalde de Funció Pública, Irene San Gil. El alcalde pidió disculpas a los dirigentes sindicales, que habían amenazado con iniciar movilizaciones, y les comunicó que solicitaría un informe a los servicios jurídicos de Cort para conocer el alcance que tendrá la aplicación de dicho decreto, que según los sindicatos no es obligatoria. El portavoz municipal, Julio Martínez, manifestó que el gobierno de Isern «intentará minimizar el impacto de la nueva regulación en el Ajuntament de Palma, sobre todo en las nóminas». Además, añadió que «hay una normativa que se va a cumplir teniendo en cuenta la voluntad política y el diálogo social» y explicó que iniciarán un calendario de reuniones para negociar con los sindicatos la aplicación de este decreto, teniendo en cuenta el informe que han solicitado a los servicios jurídicos municipales.

Aceptan las disculpas

Por su parte, los líderes sindicales aceptaron las disculpas del alcalde y le recordaron que ya les han recortado 5,6 millones de euros para poder pagar a los proveedores. Los sindicalistas manifestaron que son conscientes de que volverán a sufrir recortes, pero criticaron que «se ha creado un ambiente de alarma» y recriminaron que «la excepcionalidad se haya convertido en norma» al aprobar recortes mediante decretos.