Imagen de la asamblea de empleados del Ayuntamiento de Palma celebrada hoy. | M. À. Cañellas

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Funcionarios y empleados públicos del Ayuntamiento de Palma han celebrado hoy una asamblea acerca de los recortes dictados por el Govern sobre el personal de la administración y han concluido que dichas medidas no son de aplicación directa para la plantilla del consistorio.

Los trabajadores se han mostrado de acuerdo con la propuesta de los sindicatos de reclamar al gobierno municipal un informe jurídico que determine hasta qué punto son de aplicación los recortes aprobados por el Govern, según ha explicado a Efe a presidenta de la junta de personal del Ayuntamiento de Palma y representante de UGT, María Antonia Tovar.

Ante la reunión a la que han sido emplazados por el alcalde, Mateo Isern, que tendrá lugar mañana, Tovar ha subrayado que el Ayuntamiento de Palma se adelantó al Govern al aplicar medidas de recorte del gasto en materia de personal en octubre de 2011, que supusieron un ahorro de 5,2 millones euros y ha recalcado que equivalen a las que ahora quiere aplicar el ejecutivo autonómico.

Tovar ha reprochado al alcalde que solo se comprometiera a «retirar las formas pero no el fondo», en relación al documento presentado por Cort a los representantes de los trabajadores el pasado martes para aplicar estas medidas sin negociación.

«Lo que no puede ser es que primero se nos apliquen recortes desde el Ayuntamiento, ahora desde el Govern y ya se anuncian nuevas medidas desde el Gobierno central», ha dicho Tovar.

Los sindicatos calculan que los ajustes del decreto autonómico supondrían una rebaja salarial de unos 300 euros de media en las nóminas de los funcionarios y empleados públicos del consistorio.

Tovar ha rechazado medidas como la supresión de complementos de productividad, la ampliación de la jornada sin incremento de la retribución o la supresión de las ayudas sociales que derivarían de aplicar en Cort el decreto ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la Comunidad Autónoma y de otras instituciones que aprobó el Govern.

La representante sindical ha reclamado al gobierno municipal que negocie «sin prisas» con los sindicatos ya que consideran que el decreto autonómico no es de aplicación directa a partir del 1 de abril para el personal municipal y ha pedido también que se realicen nuevas propuestas de ahorro «que no afecten a los ciudadanos».