Las expropiaciones para llevar a cabo el Parc de sa Riera siguen pesando en las cuentas de Cort. | Redacción Local

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No ha sido la primera, ni será la última persona física o jurídica que gana en el Supremo una demanda contra Cort por el justiprecio en una expropiación. Con cargo a la llamada 'Falca Verda', la municipalidad acaba de ser obligada por sentencia inapelable a pagar 1,15 millones de euros de principal más intereses devengados desde que hace doce años se iniciara el desacuerdo con los afectados.

Julio Martínez, concejal de Hacienda de Cort, señaló ayer a Ultima Hora que «con ser una importante cantidad de dinero, no es la más elevada de aquellas a las que vamos a hacer frente por cuestiones muy anteriores a nuestra responsabilidad como equipo de gobierno».

Aunque se trata de una sentencia de cumplimiento obligado -como señala en su informe preceptivo el servicio jurídico de Cort-, la práctica en estos casos consiste en llegar a un acuerdo entre el Ajuntament y el demandante para pagar la cantidad en plazos negociados y con el visto bueno judicial.

«Desde el punto de vista presupuestario -aclara Julio Martínez-, la municipalidad no puede hacer frente a estos gastos extraordinarios tan notables y en un escenario en el que se han reducido los ingresos, sin adoptar medidas de contención del gasto, lo que significará más recortes».

La sentencia que ayer conoció la junta de gobierno de Cort se refiere a una expropiación y consiguiente justiprecio derivado del proyecto municipal 'Sistema general espacio libre y zona verde-Falca Verda', que a la postre derivó en el parque Sa Riera.

Los propietarios no aceptaron la valoración de 612.000 euros fijada entonces por el jurado provincial de Expropiaciones Forzosas en enero de 2005 sobre una casa y unas instalaciones situadas en la calle Juan Dameto.

Tras dirimirse el caso en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears a favor de la reclamación de los propietarios, el Ajuntament de Palma recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente lo ratifica.

En consecuencia Cort debe abonar 1.149.389 euros más el interés legal del dinero correspondiente a cada anualidad desde noviembre de 2000.