En una entrevista concedida a Europa Press, Martínez Espinosa recuerda que «en el pasado se planteó, pero había una carencia de infraestructuras que debía complementarse para poder recibir unas transferencias en condiciones». Este planteamiento «no fue alcanzado por el Gobierno y ahora sí que, definitivamente, no querrá hacerlo».
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, propuso hace una semana centralizar las competencias de Justicia, una petición que Martínez Espinosa «en general» rechaza, aunque matiza que «se debería ver caso por caso». Así, considera que «a lo mejor, conviene a una Comunidad donde funcionan fatal, pero dar marcha atrás en una donde funcionan bien también sería empeorar».
«Deberíamos ver en qué condiciones está cada Comunidad y qué prioridades tiene cada Gobierno de turno para decir si interesa o no», sostiene, aunque también apunta a que «si la gestión de los medios se hace desde el mismo lugar donde están, parece que tiene que favorecer».
«Sería conveniente» cuestionar la potestad de indulto ejecutivo
La falta de recursos, la posibilidad del Gobierno de indultar o la elección partidista de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), son algunas de las carencias del sistema judicial actual señaladas por jueces y fiscales del país. Precisamente, el Juez Decano entiende que por todo ello se cuestione la independencia del poder judicial en España.
Respecto a que el Estado deje de tener la potestad de indultar, Martínez Espinosa comenta que «no se ha planteado nunca esta discusión, pero tal vez sería conveniente, porque cómo puede ser que el Ejecutivo, a través de la figura del indulto, pueda cuestionar o incluso desdecir absolutamente una decisión judicial».
Así, añade una comparación: «Es como si a los jueces nos permitieran cuestionar las leyes». No obstante, la decisión de traspasar la potestad del indulto a los jueces «es una decisión política del Gobierno de turno», ya que los jueces «nunca tenemos la potestad de contradecir lo que dice el Ejecutivo».
Por ello, remarca que «aunque el juez tiene la potestad de hacer que se ejecute la sentencia, realmente la clave del 'ius puniendi' la tiene el Estado», lo que, según afirma Martínez Espinosa, «implica cierto grado de injerencia de un poder dentro del ámbito de las genuinas competencias del otro».
Así, aunque asegura que «en el ámbito jurisdiccional, la justicia sí es un poder independiente», en cuanto que «nadie interfiere en el trabajo del juez en su cometido estrictamente jurisdiccional», la injerencia «puede darse posteriormente», ya que «por la vía del indulto se puede ver desconocida esta competencia».
El «legítimo» que los jueces escojan a los doce vocales del CGPJ
La elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «se ha cuestionado mucho», comenta Martínez Espinosa. El Juez Decano de Palma se sitúa en el grupo de jueces que entiende que «al menos, los vocales de procedencia judicial -que son 12 de los 20 totales- deberían ser elegidos por todos los miembros de la carrera judicial en activo, ya que el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces».
«Es una aspiración legítima, no veo ningún problema. No es ni anticonstitucional ni antidemocrático, se trata de que estas personas designen a quien les gobierna», subraya.
No obstante, con ello añade que no cuestiona la constitucionalidad del organismo, «de hecho se planteó y el Tribunal Constitucional dijo que sí era constitucional, pero ya advirtió de la politización». Así, afirma que «ahora se está cuestionando la politización de los jueces, o la influencia del Ejecutivo dentro del poder judicial».
Respecto a esta cuestión, Martínez Espinosa resalta que «todos sabemos que la elección parlamentaria de los vocales del CGPJ está condicionada de una manera política importante, sabemos que hay vocales del PP, del PSOE, uno de CiU y otro del PNV, y además, son totalmente predecibles y sabemos que actuarán muy condicionados por las pautas políticas».
8 comentarios
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Éste se cree el nuevo Garzón.
De este señor no me creo nada, aunque se vista de lagarterana. Los que tuvieron la desgracia de pasar por sus condenas, comprobaron que no es un juez justo (como la gran mayoría de ellos) ni tan siquiera copiando la ley; no hablo de desarrollarla y administrarla, que eso sería otro cantar, SINO DE JUZGAR EN CONCIENCIA SIN ESCUDARSE EN TESTIMONIOS FALSOS. Al menos así me lo contaron.
a estos tipos innorantes vendidos con la interpretacion de la ley a la carcel por incompetentes
Creemos que lo único que se debe hacer es bajar los sueldos y trabajar más y bien, con calidad y despolitizar a la justicia y controlar a ésta libremente por el pueblo nombrando éste el control no politico, tal vez funcionaría mucho mejsor de lo que funciona, ya que no se rinde ni tiene la calidad jurídica que debería tener. Cuando el pueblo tiene que denunciar es un calvario, el pueblo no es atendido, sólo es contestado con un formulario que nada dice o se oscurece, queremos una justicia con transparencia, del pueblo y para el pueblo, no lo que está pasando. El pueblo no tiene que tender miedo a denunciar lo que le pueda suceder es un servicio más que el pueblo paga, estos no son Dioses del olimpo, sino servidores del pueblo que tienen que cumplir con su trabajo, creemos que tenemos que acomter una renovación a fondo, por el bien de todos. Nuestras instituciones deben de ser respestadas, pero el gobiderno es el primero que debe hacer las cosas bien y tener transparencia que no la tiene, miren lo que está pasando y se darán cuenta de la situación que atravesamos, no podemos pagar 7 millones de euros a los jueces para hacer resoluciones, cuando el pais está en la miseria, pero no puede cobrar lo que están cobrando un secretario 50.000 más trinenios etc., los sueldos de la administración han subido alarmanmatemente por encima de la privada, se tiene que armonizar la seguridad y los fondos de pensiones a la seguridad social, nada de privilegos, pues qué dice la constitución, libertad, igualdad, justicia y politica en las mismas condiciones a las elecciones, pues nada se cumple, para cuando una democracia más justa. En cuanto a las transferencias, creemos que la justicia, debe de ser administradada por la administracción central, sino iremos a peor, como se está viendo por la situación económicas y los encufes a dedo etc. que nos está costando una deuda galopante, que no sé si podremos devolver con la presión fiscal actual, sino bajan los sueldos a la administración en proporción a lo que ganen, no se puede hacer lineal, si quieren conservar los puestos de trabajo, no se puede estos ir a los 63 años, este trabajo no es una mina en definitiva un trabajo penoso que sufran mucho, con todo el respeto que se merecen la función pública, pero hay que racionalizar si quieren consevar el puesto de trabajo, lo venismos adviertiendo al administracción está demasiado dimensionada y cobran demasiado los funcionaros medios, nos dá igual que nos cirtiquen, pero el tiempo nos está dando la razón, por lo visto y estudiado, sino cambia España y Europa no tiene salida, sino cambia.
Cada vez que habla sube el pan.
Huyyyy trabajo no vaya a ser que les metan trabajo de todas formas que mas da los chorizos y politicos tienen inmunidad, basta ver a cañellas , Matas, La Munar etc chorizos y campan a sus anchas sin devolver lo que han sisado
La Justicia española es cualquier cosa menos justa. Es una calamidad, en la forma y en el fondo. Y un país sin justicia no es un país democrático, digan lo que digan.
En tiempo de tribulaciones no es aconsejable hacer mudanzas y ahora mismo estamos viviendo a todos los niveles un estado de alarma social permanente.Buen criterio, acertado, prudente, del Juez Decano de Palma.