La denuncia por extorsión es investigada en los juzgados de Vía Alemania, de Palma. | SEBASTI

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El titular del Juzgado de Instrucción 11 de Palma, Manuel Penalva, está investigando una supuesta red de corrupción en los concursos de acreedores de Balears que implica a un administrador concursal, J. S. O., abogado de profesión, y a dos empleados quienes, presuntamente, intentaron chantajear al propietario deuna empresa de instalación de aires acondicionados, al exigirle 300.000 euros «para que todo vaya bien», según confirmaron distinta fuentes judiciales.

La denuncia por extorsión fue presentada en la Jefatura de la Policía Nacional, que ha sido remitido a los juzgados de Vía Alemania. La principal prueba contra los imputados es una grabación realizada en el centro de trabajo, donde el administrador concursal y los dos empleados, al parecer, exigen al empresario dinero para que el procedimiento concursal instado en el Juzgado de lo Mercantil 2 de Palma desemboque en los términos más favorables para la empresa concursada.

Prueba

El juez de instrucción debe decidir si admite la grabación como prueba decisiva en la causa, es decir, si fue obtenida de manera lícita y sin ser contraria a los derechos fundamentales.

Las fuentes consultadas por Ultima Hora explicaron que si esa grabación no ha sido objeto de manipulación «es perfectamente válida en un juicio».

Esta empresa, actualmente en fase de liquidación, empleaba a cincuenta trabajadores, se dedicaba a instalaciones de fontanería y climatización, y tenía su sede en la Gran Vía Asima.

Un conocido despacho de abogados de Palma se ha hecho cargo de la defensa de los denunciantes, en un caso que ha causado un gran revuelo en el sector de los concursos de acreedores.

Es la primera ocasión en que se judicializa una denuncia por chantaje contra un administrador concursal en Balears desde la entrada en vigor de la Ley Concursal, en 2004. Dos juzgados, Mercantil 1 y 2, con sede en sa Gerreria, son los encargados de atender a la demanda y son sus titulares los que designan a los administradores concursales siguiendo criterios muy rígidos en cuanto a la complejidad de cada uno de los asuntos.

En estos momentos, los jueces de lo Concursal pueden elegir administradores entre 400 profesionales habilitados para esa delicada función.