Nadal, Sastre y Oliver, esta mañana durante el juicio. | Pere Bota

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Miquel Nadal, exconseller de Turisme y expresidente de Unió Mallorquina, negó ayer ante el tribunal que le juzga por presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en el ‘caso Voltor’ haber ordenado adjudicar y pagar un contrato por valor de 13.080 euros al ex concejal de Turisme de Sóller Tomás Bartolomé Plomer para servicios de información de pantallas táctiles de la Serra de Tramuntana, un trabajo que este último nunca llegó a realizar personalmente pero que acabó cobrando del Govern.

«Me detienen después del pacto entre Plomer y la Fiscalía», aseguró Nadal. «Le detienen (a Plomer) y le dicen: si acusas a Nadal saldrás hoy mismo; por la noche él se va a su casa y yo al calabozo», añadió.

Penas

Según el exconseller de Turismo, defendido por el abogado Josep Zaforteza, ese pacto condiciona toda la causa.

«Ya verá que cuando el señor fiscal haga sus peticiones de pena, el que se ha llevado el contrato y cobrado el dinero tiene una pena diferente a la mía», dijo a una pregunta de las acusaciones.

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Nadal aseguró no tener estrecha relación personal ni política con Palmer –ambos eran afiliados de UM–, pero sobre todo carecer de razones para adjudicarle un trabajo tan específico para el que le constaba» que no tenía conocimientos informáticos».

Por contra el que fuera su subordinado como director general de Promoción Turística, Joan Sastre, defendido por José Manuel Valadés, afirmó en el juicio iniciado ayer que Nadal le había preguntado de manera informal pero en sendas ocasiones cómo estaba el asunto de «la asistencia técnica» de Palmer y tiempo después «si se le podía pagar su contrato», en ambos casos para que le hiciera llegar las consultas a Antonio Oliver, entonces gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur).

Fusión

Sastre no era entonces el responsable directo del Inestur, pero tanto él como Nadal coincidieron al declarar que había sido comisionado por el conseller para unas funciones políticas «de coordinador» entre las distintas empresas públicas de promoción turística, con el fin último de que ambas se fusionasen en una sola entidad.

En el resumen de ambas declaraciones ante el tribunal, ni Nadal ni Sastre pudieron aclarar quién había ordenado el inicio del expediente de contratación a Palmer.