En rueda de prensa, Santiago ha recordado que el pasado mes de agosto su grupo presentó ante la Fiscalía una denuncia y una serie de pruebas que la respaldaban, en la que acusan a Bauzá de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Los hechos denunciados se refieren a la designación del director gerente de IB3 Borja Rupérez, a quien, según la denuncia, Bauzá nombró en este cargo porque tenía una relación empresarial con él que luego se rompió, momento en el que fue destituido.
Santiago ha añadido que varios periódicos publicaron el pasado viernes que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la denuncia, ante lo que ha dicho alegrarse.
«Nos alegramos de que nuestra información haya iniciado este proceso de diligencias, si damos este paso es que estamos convencidos de que con la información pública disponible hay la sospecha de esta prevaricación y tráfico de influencias», ha apuntado.
Preguntada por las declaraciones el viernes de Bauzá en las que afirmó que esta denuncia es un intento de la izquierda de desviar la atención de sus problemas, Santiago ha indicado que el que tendría la necesidad de hacerlo es, en todo caso, el presidente, porque está «incumpliendo el cien por cien su programa electoral».
«El que tiene problemas -ha asegurado- es realmente el Govern, no la oposición; la oposición hace su trabajo de control al Govern y pensamos que lo estamos haciendo bien».
La diputada ha recordado que mañana el portavoz del grupo, Biel Barceló, preguntará en el pleno sobre si Bauzá ha declarado todas las actividades que le generan ingresos, ante la sospecha de incompatibilidades entre su cargo de presidente y la farmacia que posee.
Ha informado de que su grupo ha presentado además una pregunta escrita al Govern pidiendo las actividades concretas de las que el presidente ha recibido ingresos en los años 2011 y 2012.
Santiago también ha indicado que el próximo jueves presentarán una proposición no de ley en el Parlament «ante el inminente rescate a la banca con dinero público».
«Pensamos que este dinero publico tiene que tener condiciones de carácter social», ha opinado la diputada, quien ha informado de que en su proposición se plantea que los bancos que reciban el dinero estén obligados a la dación en pago en las hipotecas, que se comprometan a devolver dinero de preferentes, que tengan que renegociar la hipoteca con familias afectadas por la crisis y que sus cargos ejecutivos no cobren más de veinte veces el salario mínimo.
En la rueda de prensa también ha participado el diputado Antoni Alorda, que ha hablado de la proposición de ley que se votará mañana en el Parlament para derogar la ley «insólita» que protege la zona de Son Bosc, en la Albufera, al ser incompatible con una norma europea.
Alorda ha denunciado que «poner mentiras en textos legales es una práctica» que se tiene que abandonar y que lo que asegura la ley es «tan falso como la declaración de actividades del presidente».
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