Bartomeu Vicens (izq.) y Miquel Nadal, en una foto de arhcivo. | Pere Bota

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El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, ha imputado al expresidente de UM Miquel Nadal -recientemente condenado a cuatro años de cárcel- y al exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens en el marco de una pieza separada del caso Son Oms, centrada en las maniobras inmobiliarias que llevaron a cabo a través de diversas sociedades mientras ambos ostentaban sus respectivos cargos como consellers en el Consell de Mallorca.

Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado que tanto Nadal como Vicens, defendido por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, han sido citados a declarar el próximo 30 de noviembre, día en que también está previsto que comparezcan el empresario Juan Gea y Rosario Martín Piris, exsecretaria de la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar, todos ellos en calidad de imputados.

En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción hace referencia a los supuestos pagos que la sociedad Vipasima, perteneciente a la familia de empresarios Gea, imputa como realizados en 2006 por 72.848 euros a Metalumba, mercantil creada en 2002 por Vicens mediante la cual cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono Son Oms, aprobada por el Consell en 1999.

Los investigadores apuntan a que, mientras estos pagos no sean justificados, podrían ser constitutivos de un delito de cohecho. Al margen de esta operación, Vipasima también llevó a cabo negocios inmobiliarios con la sociedad Ranum -Munar al revés-, concretados en la venta, por parte de Juan Gea padre, de varias oficinas situadas en la Avenida Jaime III, presuntamente por debajo de su valor en el mercado-, al empresario Miquel Munar, marido de la histórica dirigente de UM.

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Una venta que, según justificó su hijo ante el juez, la efectuó puesto que tras adquirir estas dependencias «se dio cuenta de que había comprado un marrón y decidió venderlas lo antes posible». En concreto, la operación, centrada en los tres inmuebles de Jaime III y una finca de Marratxí, fue realizada por la entidad inversora Idueña, propiedad de Gea y accionista de la sociedad Nova Singladura.

Precisamente, sobre estas operaciones inmobiliarias el propio Miquel Munar defendió que estas oficinas tenían precio de mercado y no se hizo tasación, añadiendo que el coste «lo puso Gea». «Juan Gea padre me dijo que tenía prisa por vender porque necesitaba dinero en efectivo para invertir en otros negocios de construcción», aseveró.

En el caso de las oficinas de la avenida palmesana, Gea explicó que su padre pretendía alquilarlas aunque finalmente las compró por 300.000 euros. Sin embargo, posteriormente comprobó que estas dependencias «tenían muchas deficiencias, una altura del techo no legal, la instalación eléctrica obsoleta y sin acceso a minusválidos», tras lo cual fueron vendidas a Munar con la subrogación de la hipoteca y un talón de 17.000 euros, al tiempo que por la nave de Marratxí Ranum asumió una hipoteca de 1,3 millones de euros, 6.000 euros y otro talón de 17.000.

Mientras tanto, Munar apuntó que antes de comprar las fincas investigadas el promotor le dijo que no le interesaba tener inmuebles en alquiler sino dinero en efectivo para invertirlo en construcción, por lo que la compra de las oficinas de Jaime III se llevó a cabo por 365.000 euros y la de la finca de Marratxí por 1,3 millones tras la subrogación de las respectivas hipotecas, además de añadir dos talones por valor de 40.000 euros que «pertenecían a la cuenta de Ranum».

Asimismo, explicó que antes de estas compras Ranum había comprado dos inmuebles, uno en Marratxí y otro en el Polígono Son Castelló, que «siguen siendo de Ranum» y por los que pagó en efectivo «por mucho menos de 500.000 euros», de una cuenta corriente de aportaciones de capital propio. Por último, señaló que también pagó «30 ó 40 millones de pesetas» sin hipoteca por otro inmueble y un quinto a uno de los jefes de informática de una entidad bancaria.