UGT pide al Govern y a los Ayuntamientos que apliquen un impuesto a los bancos

En un comunicado, UGT ha recordado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto autonómico decretado por la Asamblea de Extremadura en el año 2001, que grava la obtención de fondos reembolsables por parte de las entidades de crédito que estén situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, puede abrir una vía de ingresos adicionales para las arcas públicas de esta Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos, con los que paliar los recortes presupuestarios en los servicios generales de la región en los servicios sociales, en sanidad o en educación.

Por otro lado, ha indicado que los más de 10 años que el TC ha tardado en resolver el recurso de inconstitucionalidad, presentado en su día por el Gobierno de José María Aznar «no impidieron que tanto Andalucía, como Canarias introdujeran un impuesto similar al extremeño para paliar los «desastrosos efectos de la crisis económica en sus respectivos presupuestos generales».

UGT ha apuntado que en las islas, en las actuales circunstancias, los recortes presupuestarios están suponiendo «importantes recortes en servicios públicos básicos, lo que a su vez suponen recortes de derechos de ciudadanía y recortes laborales al personal de los servicios públicos».

Por ello, FSP-UGT pide que las distintas administraciones utilicen esa vía de ingresos procedente del sector financiero para mejorar sus ingresos incluyendo en sus respectivos Presupuestos un impuesto o tasa a las entidades financieras similar al extremeño que «palie los recortes de derechos que se están produciendo».

Para el sindicato, ésta sería una medida de redistribución económica que gravaría a las entidades financieras, «en gran medida culpables de la situación actual, en beneficio de quienes con la pérdida de su casa, de su trabajo, de sus derechos laborales o de buena parte de su poder adquisitivo, están soportando el gran peso de esta situación de crisis».

Para citar un ejemplo de lo que esta medida supondría, ha destacado que «hay que tener en cuenta que este impuesto a las entidades financieras supone para Extremadura unos ingresos de 20 millones de euros anuales».

En este sentido, ha resaltado que en Baleares, que es una Comunidad Autónoma con una mayor actividad económica, es «lógico» que los ingresos para las arcas autonómicas fuesen «sensiblemente superiores, pudiendo alcanzar los 30 millones de euros año, los cuales supondrían que muchos de los recortes planteados en Balears serían innecesarios».

Al mismo tiempo, ha considerado que «podrían evitar el despido de personas de las empresas públicas, el cese de interinos de las distintas Consellerias o el de los Hospitales Joan March y General». «Es una gran injusticia que mientras se imponen tasas judiciales se exima a los bancos de impuestos», ha concluido UGT.