El juez que instruye las pesquisas en torno a las presuntas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos ha aplazado al sábado 19 de enero la declaración prevista como testigo de Jan Gui Urdangarin, sobrino del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, mientras que también ha citado para ese mismo día al empresario catalán Joaquim Boixareu, imputado en esta causa.
Mediante una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, también ha pospuesto para esa jornada las testificales de Roger Olivares así como de Alejandro Suja y de la exsecretaria general técnica de la Consejería de Relaciones Institucionales del Gobierno de Jaume Matas Dulce Linares.
Así lo ha acordado el magistrado a petición del sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en la pieza 25 del caso Palma Arena, al alegar compromisos judiciales para el día 16, cuando estaban fijadas las anteriores declaraciones. En lo que a la nueva citación del empresario metalúrgico Boixareu se refiere, el juez lo ha emplazado a declarar a petición de su defensa.
Boixareu, consejero delegado de Irestal Group y presidente en funciones de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), ya compareció ante el juez en Barcelona y en su deposición afirmó que aceptó 30.000 euros de Nóos para constituir la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) en 2006, de la que Urdangarin era oficialmente asesor.
Mientras tanto, otra de las cuestiones pendientes en el marco de estas pesquisas es el pronunciamiento de Castro en torno a la fianza civil de casi 8,2 millones de euros solicitada tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por Manos Limpias para el Duque de Palma, su exsocio Diego Torres y sus sociedades.
El Ministerio Público apuntaba en su escrito de responsabilidad civil, de 175 páginas, a «una conciencia irrefutable de las desviaciones de poder» en la actuación de las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana única y exclusivamente para beneficiar al Instituto Nóos.
De hecho, señalaba en este sentido que «el ejercicio arbitrario del poder es un elemento decisivo de la actuación prevaricadora», y aseveraba que los convenios de colaboración suscritos entre ambas Comunidades y Nóos son «fruto de una actividad delictiva predeterminada» así como, incide, de decisiones adoptadas mediante «un ejercicio abusivo de poder».
Tanto la Fiscalía como Manos Limpias plantean como petición alternativa una fianza civil de 5,9 millones de euros de los que presuntamente se apropiaron los encausados a través de esta trama, para el caso de que el juez Castro no estimase la primera de las peticiones.
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