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El Parlament balear celebrará, este martes a las 12.00 horas, un pleno en el que se debatirá y votará el Decreto de Ley de medidas urgentes sobre el régimen sancionador en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo en Baleares.

Según recoge el acuerdo aprobado por el Consell de Govern el pasado 8 de junio de 2012, esta normativa pretende combatir la creciente oferta ilegal de taxis no autorizados con la aprobación de este nuevo marco legal, que establece un régimen sancionador que contempla multas de hasta 12.000 euros.

Según explicó entonces el portavoz del Ejecutivo, Rafael Bosch, el decreto tiene como objetivo hacer frente a un fenómeno que, «además de suponer un agravio directo para el sector, perjudica seriamente la imagen de nuestra Comunidad y representa, a la vez, un peligro para la seguridad viaria».

Según recordó, el primer paso que dio el Govern para luchar contra este fraude se materializó en la aprobación, en febrero de 2012, de un conjunto de medidas para Ibiza, donde este fenómeno es más acentuado, entre las cuales destaca la autorización en los Ayuntamientos para que puedan otorgar licencias estacionales de taxi dentro del ámbito municipal.

Ahora, con la aprobación de esta normativa se definen como infracciones la prestación, la comercialización y la promoción de un servicio de taxi no autorizado, se determinan las medidas cautelares y se establece el anterior régimen sancionador.

En este contexto, los servicios de inspección, los agentes de vigilancia del transporte por carretera y los policías locales en el ámbito propio tendrán competencia para inmovilizar un vehículo cuando se detecte una actividad irregular, independientemente de si el conductor tiene o no residencia española o dispone de documentación que acredite su identidad.

También podrán fijar provisionalmente la cuantía de la sanción económica, que deberá abonarse en el momento de la denuncia en concepto de depósito para poder retirar el vehículo. Una vez notificada la infracción a la Dirección General de Transportes de la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente y Territorio, ésta iniciará el expediente sancionador correspondiente.