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El gobierno de Isern presentará una proposición en el próximo pleno para crear una comisión no permanente que estudie y elabore una propuesta para la formalización de un código ético, de transparencia y buen gobierno municipal. La propuesta tomará como referencias la metodología aplicada por la ONG Transparencia Internacional y el código del buen gobierno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). La nueva normativa no sólo afectará a los políticos, sino también todos los que reciban dinero público. El portavoz Julio Martínez adelantó que esta comisión debería estar presidida por la oposición, concretamente por la portavoz del PSOE, Aina Calvo.

Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la oposición, que consideró prioritario aprobar el código de buen gobierno de la FEMP. El portavoz de Més, Antoni Verger, calificó de «innecesaria e inútil» la creación de la comisión porque «los ciudadanos quieren hechos y no comisiones». Añadió que si se tiene que debatir la propuesta de Isern debe ser con la participación de los ciudadanos.

Más transparencia

El PSOE insistió en la necesidad de aprobar el código del buen gobierno de la FEMP y después crear una comisión de trabajo para «avanzar en más transparencia»; proponen que la presidida una persona experta e independiente. «Asumir el código de buen gobierno de la FEMP es tan fácil como decir si, salvo que lo que se pretenda sea no asumirlo», dijo Calvo.

Martínez respondió que la propuesta de la FEMP es de 2009 y «desde entonces ha cambiado mucho la situación, ahora los ciudadanos exigen más transparencia». Además, señaló que en algunos casos supondría un retroceso y puso como ejemplo que el código de la FEMP establece que los contratos de hasta 6.000 euros tienen que aportar tres ofertas, mientras que Cort lo bajó a principios de legislatura a 3.000 euros; la Ley señala que se pueden hacer contratos sin concurso hasta los 18.000 euros.

El portavoz explicó que presentarán esta alternativa a la propuesta del PSOE, por lo que decaerá y se creará la comisión no permanente. En su opinión, es necesario que el código de buen gobierno sea duradero y lo sigan aplicando a otros gobiernos.