Urdangarin y Torres no pagan la fianza y el juez embargará sus bienes

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) han informado de que a las 9.30 horas de hoy ambos imputados no habían constituido esa fianza civil dictada por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, aunque pudieran hacerlo a lo largo de esta mañana.

Si no la presentan, el Juzgado puede iniciar el proceso conocido como «apremio» y poner en marcha los trámites para proceder al embargo de sus bienes hasta cubrir los casi 8,2 millones de euros, pero tampoco es previsible que ese procedimiento comience de forma inmediata, han informado fuentes jurídicas.

El juzgado de Instrucción número 3 de Palma solicitará a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres una relación de bienes susceptibles de ser embargados para responder a la fianza civil.

Éste será el siguiente paso que dará el magistrado instructor del caso Nóos, José Castro, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Para requerir la relación de bienes -que puede incluir propiedades, acciones o dinero-, el juez dictará una providencia, aunque no se ha concretado la fecha en que lo hará.

Dependiendo de su régimen matrimonial, Urdangarin y Torres podrán presentar bienes que también sean propiedad de sus esposas, la infanta Cristina y Ana Maria Tejeiro, esta última también imputada en la causa.

En caso de que no presentaran el listado de bienes susceptibles de embargo, el juez los podría solicitar a la Agencia Tributaria.

El pasado día 30, el juez Castro ordenó al duque de Palma y a Torres aportar, de forma solidaria, 8.189.448,44 euros en concepto de fianza de responsabilidad civil por las posibles responsabilidades que pudieran atribuirse a ambos en el caso Nóos.

La cantidad, que se ajusta a lo solicitado por la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias, corresponde a los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana percibidos por Nóos entre 2004 y 2007 por diversos contratos presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad como se hace habitualmente en cálculos procesales.

Recurso

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual, afirma en el recurso de reforma contra la fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros que le impuso el juez instructor del ‘caso Nóos', José Castro, que si mantiene, finalmente, ese cifra «se produciría un injusto emprobrecimiento para mi mandante», subraya.

El letrado expone en el recurso diversos argumentos para combatir el auto del juez en el que fija la caución, y denuncia, asimismo, que se ha producido «una vulneración del derecho de defensa» a su cliente. Por ello, anuncia que puede invocar ese derecho de defensa «en el momento procesal oportuno ante la Audiencia Provincial de Baleares y en su caso, ante el Tribunal Constitucional», señala.

Hechos

El abogado del yerno de Rey afirma que continúa «sin conocer a ciencia cierta» que hechos se están imputando a su cliente, y califica de «sorprendente» que el juez incluya «un nuevo delito, el de tráfico de influencias, por «esa influencia o presión aguantables o insalvables», precisa. También, rebate que hubiese existido un «favor regio» por parte de las autoridades (de Balears y Valencia) dada la condición de su cliente de miembro de la Familia Real.

«Como cualquier enjuiciamiento no puede apartarse de la lógica o del denominado ‘juicio de inferencia' basado en ella y en la habitualidad o excepcionalidad de la conducta humana, parecería congruente con lo que hubiera podido considerar el Instructor, que las referidas autoridades hubieran percibido, al dejarse doblegar por la supuesta ‘luz cegadora que emanaba de mi mandante por su condición de pariente Real', de algún ‘favor regio' o liberalidad que por evidente que resultara, no ha aparecido en la presente causa, por no haber existido», señala.

Asimismo, apunta a que «resultaría más equitativa» la cifra de 5,9 millones (en vez de los 8.1 millones exigidos) , dado que, según explica, esa es la cantidad que suman las facturas por los congresos organizados por el Instituto Nóos en Valencia y Baleares, que la Policía Judicial considera supuestamente falsas.

Insiste en que la instrucción de la causa se está «rellenando con nuevos delitos a medida que el tiempo va pasando, orillándose los principios de acusación y contradicción básicos en el procedimiento penal, vulnerándose los consiguientes derechos de defensa y de tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución Española».

Entrando en el fondo del asunto, la defensa reitera que Urdangarin «no se ocupaba de materias contables, fiscales y administrativas» al frente del Instituto Nóos.