En una rueda de prensa que ha tenido lugar este sábado, el portavoz de la formación en el Archipiélago, Juan Luis Calbarro, ha explicado el contenido de su Manifiesto en el que piden, entre otros seis puntos, la aprobación de leyes eficaces contra la corrupción para acabar con la «apariencia de impunidad y la impunidad de los responsables».
Respecto a que el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, haya hecho pública su declaración de la renta, Calbarro ha explicado que «ha tardado mucho» y ha incidido en que la Ley de Transparencia --que incluiría a la Casa Real, partidos, sindicatos y otras instituciones públicas-- establecería unos procedimientos para dar «información detallada de la contabilidad y actividades» en vez de que ésta esté sujeta «a la voluntad puntual de un presidente o políticos concretos».
Desde la formación, destacan que España se encuentra en una «emergencia nacional» derivada de la «extensión de los casos y sospechas de corrupción» que han convertido la «profunda crisis política y económica» en una «crisis de confianza en el sistema democrático».
REFORZAR LA INDEPENDENCIA Y AUTORIDAD SANCIONADORA
En este sentido, además de las leyes contra la corrupción y la Ley de transparencia, piden que se refuerce la independencia y autoridad sancionadora de los organismo reguladores y de control público de la actividad económica privada y pública, como el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria o el Banco de España ya que en la actualidad «se encuentran politizados».
Calbarro ha defendido que se debe «implantar una auténtica justicia independiente» para acabar con el reparto «del CGPJ entre las asociaciones de magistrados dependientes de PP y PSOE u otros partidos».
Además, piden que se apruebe una Ley Electoral «justa y proporcional» que favorezca la representación del «pluralismo político existente» para permitir así la participación política real de todos los ciudadanos, hecho que se ha convertido, según ha matizado el portavoz, en «un clamor popular».
«Reformar la constitución»
En el último punto de su Manifiesto, aseveran que pretenden «reformar la Constitución» para que recoja «las propuestas ciudadanas y resuelva el modelo territorial del Estado» porque el actual no garantiza un modelo de Estado justo y estable» y para «mejorar la separación de poderes», y asegurar «el derecho a la participación política, la igualdad jurídica y de oportunidades y las libertades personales».
Según ha detallado Calvarro con estas medidas, piden un Pacto de Legislatura en el que los principales partidos parlamentarios se comprometan públicamente «a aprobar por vía de urgencia estas reformas legales y a modificar la Ley Electoral».
En el documento, revelan que la intención es proceder a la convocatoria de elecciones generales para «abrir un periodo constituyente que ponga la democracia española «a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la refundación del Estado según los procedimientos democráticos y con el protagonismo ciudadano».
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