José Ramón Bauzá y parte de la cúpula del PP. | Joan Torres

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La posibilidad de que la discusión sobre la incompatibilidad o no del president del Govern, José Ramón Bauzá, se resuelva con una sentencia contraria al president preocupa y mucho en las filas del PP. El entorno más cercano a Bauzá se muestra convencido de que la sentencia, si llega, determinará que el president no es incompatible, pero no todos en el partido lo ven con el mismo optimismo.

La realidad es que en el PP no hay 'plan B' ante la hipótesis de que no se cumplan las previsiones más optimistas de los populares y Bauzá sea inhabilitado antes de que lleguen las elecciones. «Lo que se está escribiendo sobre Maria Salom no es cierto», asegura uno de sus colaboradores. Salom ha aparecida en varias ocasiones como la posible sustituta en caso de que Bauzá tenga que dejar su cargo, pero el equipo del president insiste en que esta posibilidad ni siquiera se ha abordado.

Esta visión tan optimista no la comparten otros miembros del partido. Temen que la sentencia inhabilite a Bauzá no tanto por su posible incompatibilidad con la farmacia sino por el hecho de no haber declarado las actividades de las sociedades Bauser y Divino.

Actividades

En la declaración de la renta que hizo pública el president esta misma semana figura ingresos de estas dos empresas bajo el concepto de actividades económicas. Sin embargo, según queda acreditado en la certificación que hizo la Conselleria d'Administracions Públiques, el president no las incluyó en su declaración de actividades cuando accedió al cargo.

Con respecto a estas dos empresas, el president aseguró que dejó de ser administrador de Divino, el 9 de julio de 2011, poco tiempo después de ser elegido president del Govern, en junio de ese mismo año.

La realidad es que hasta el 14 de mayo de 2012 no quedó registrado que Bauzá dejaba de ser administrador de la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. El president aseguró en un comunicado público que la elevación o no al registro ya no era de su incumbencia desde el momento en que dejó de ser administrador de esta sociedad.

El argumento

«Cuestión diferente sería la elevación a pública de mi renuncia y su posterior presentación ante el Registro Mercantil, la cual en todo caso no me incumbía personalmente, sino a quien era el administrador único de la sociedad», señaló el president en un «nota aclaratoria» enviada a los medios de comunicación cuando se supo que la empresa seguía a su nombre.

La duda está en saber cuándo llegará la resolución del tribunal. En el caso de la sentencia de la consellera Aina Salom, que quedó inhabilitada, la sentencia tardó casi cinco años, aunque en este caso no se descarta que haya un pronunciamiento de la Justicia mucho antes y algunas fuentes apuntan a que incluso puede ser el año que viene.

Parlament

En cualquier caso, los tiempos de la Justicia nada tienen que ver con los políticos y el próximo miércoles volverá a vivirse un nuevo episodio de esta trama en el Parlament. El president del Govern ha anunciado que pedirá a los diputados que se hagan públicas las declaraciones de actividades e intereses, que son secretas según el reglamento del Parlament.

El PSIB, por su parte, también ha registrado una iniciativa para que se modifique el reglamento y las declaraciones sean públicas a a partir de la próxima legislatura. Mientras tanto, propondrán que los diputados publiquen sus declaraciones. No se descarta, por tanto, que el mismo jueves se conozcan todas las declaraciones de los parlamentarios.