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La reforma local que ayer aprobó el Gobierno tendrá consecuencias muy importantes en Balears, donde el Consell asumirá más protagonismo. Estas son algunas de las consecuencias de la ley en los municipios de las Islas.

Isern y Onieva. La ley fija un límite en función de lo que cobra un secretario de Estado (unos 90.000 euros), que desciende según el número de habitantes, como muestra el gráfico. La paradoja es que Mateo Isern podría subirse el sueldo hasta 81.000 euros pero Manuel Onieva, por ejemplo, tendrá que bajárselo hasta los 58.500 que marca Madrid para Calvià.

Asesores. Donde también van a tener que meter la tijera muchos municipios de Balears es en el número de asesores. Los municipios de menos de 5.000 habitantes no podrán tener ninguno. Palma no tendrá que adaptarse a la ley ya que sí cumple: tiene menos asesores que concejales, que es lo que exige el ministo Montoro.

Cambios en Palma. Sí tendrá que haber cambios en el número de concejales con dedicación exclusiva. El proyecto que ayer aprobó el Consejo de Ministros establece que ciudades como Palma podrán tener 20 dedicaciones exclusivas. En estos momentos, 27 concejales cobran por este sistema, lo que implica que siete ediles deberán dejar de tener dedicación exclusiva.

Cierre de empresas. Una de las medidas más radicales es la que obliga a cerrar aquellas empresas municipales deficitarias. Palma se ha salvado por los pelos ya que hasta hace dos años la mayor parte de las empresas municipales, Emaya, EMT y SMAP, presentaban déficit. La ley es tajante: habrá que corregir la situación de las empresas con déficit o cerrarlas.

Adiós a las guarderías. Otra de las propuestas revolucionarias es la que obliga a los municipios a desprenderse de aquellos servicios que prestan por su cuenta, sin que la ley les obligue a ello. No podrá haber guarderías municipales ni residencias de ancianos ni servicio de educación de adultos. «Un ayuntamiento tiene las competencias que dice la ley y sólo puede hacer esas competencias», asegura tajante el texto del Ministerio. Las competencias en educación y sanidad serán exclusivas de las comunidades, según el texto de Montoro.

Transición. La ley establece un periodo transitorio de cinco años para que los ayuntamientos cedan al Govern las competencias en educación y un año para ceder al Consell las de servicios sociales. Cort tendrá que devolver al Govern la decena de guarderías. Sólo podrá mantenerlas si da garantías de que antes puede prestar todos los servicios básicos y que no destina dinero de estos servicios a competencias que no son suyas.

El Consell. El papel del Consell será determinante ya que deberá asumir las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes que no estén en condiciones de prestar los servicios básicos a los ciudadanos. Todos los ayuntamientos de Balears estarán bajo la vigilancia de los «hombres de negro» del Ministerio de Hacienda para certificar que cumplen con las exigencias de lo que marca la ley.

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