Del mismo modo, según un auto de aclaración dictado este lunes por el juez, han sido pospuestas para un día después las comparecencias del resto de testigos citados para esa jornada, si bien el magistrado mantiene las mismas horas a las que estaban emplazados a declarar. Así, la comparecencia del dirigente 'popular' continúa fijada para las 18.00 horas mientras que una hora después está prevista la de Romero.
Del mismo modo, las deposiciones que había previstas para el 19 pasan al 20, al tiempo que las que había fijadas en Barcelona para el 20 y 21 se trasladan a los días 21 y 22, respectivamente.
Así, junto a González Pons y el conde de Fontao, el día 19 también han sido citados, desde las 10.00 horas, uno de los supuestos testaferros de Iñaki Urdangarin, José María Teviño y Robert Cockx; el encargado de las relaciones entre la empresa Madrid 16 y la considerada fundación sucesora del Instituto Nóos, Oscar de Lama; el director general de la sociedad madrileña Antonio Fernández; también en representación de esta empresa Beatriz Valencia.
Ya el día 20, a partir de las 10.30 horas serán interrogados los representantes legales de distintas empresas de las que Urdangarin fue asesor -Lagardère, Havas, Pernod, Altadis y Seelinger y Conde-; Olga Cuquerella, presunta empleada 'fantasma' de Aizoon y hermana de la secretaria personal del duque; el empresario Domingo Díaz de Mera; el exdirector del equipo ciclista Illes Balears José Miguel Echávarri; Miguel Angel Fontán, director comercial de Sofres; el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig; y el responsable del Consorcio Valencia 2007, Jaume Mata.
El 21, en Barcelona, están citados varios exempleados de Aizoon, mercantil cuya titularidad Urdangarin comparte al 50 por ciento con la infanta Cristina, así como otro de los presuntos hombres de paja de Urdangarin, Mario Sorribas -en calidad de imputado-, mientras que el 22 comparecerán, entre otros testigos, representantes de las empresas Mixta Africa y Aceros Bergara.
En el caso de González Pons, el magistrado le ofrece la posibilidad de acogerse al artículo 412.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que permite a los diputados, así como a otros numerosos altos cargos y autoridades, quedar exentos de acudir a las dependencias judiciales -no de declarar-, pudiendo ser interrogados en su despacho oficial.
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