Las pesquisas también abarcarán los IRPF de Iñaki Urdangarin, que ya constan en el sumario de la pieza separada número 25 del ‘caso Palma Arena’. En el caso de la Infanta, el juez precisa que tiene sus declaraciones de la renta «pero por el momento ni tan siquiera se han incorporado materialmente a la causa a la espera de la toma de determinadas decisiones», señala.
La defensa de la esposa de Urdangarin había alegado que el hecho de aportar a la causa sus declaraciones de la renta vulneraba su intimidad, pero el juez afirma en el auto que el ámbito de esa cuestión «es por naturaleza impreciso».
Y añade: «De todas formas, admitiendo que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional vienen incluyendo en el ámbito de la intimidad datos de trascendencia económica como son las declaraciones del IRPF, ninguna conculcación se produce porque un juzgado de instrucción, en el obligado ejercicio de su función investigadora pretenda, de oficio o a instancia de parte, la venida a la causa de tales datos cuando ello responde a la finalidad de investigar hechos en los que resulta obvia su trascendencia».
Reproche
El juez Castro, asimismo, rechaza el reproche que le hizo el abogado de Urdangarin, Mario Pascual, por haber solicitado las declaraciones de renta sin dar traslado antes de esta petición a las partes para que opinaran al respecto.
«No hay ningún precepto legal que imponga que el Juzgado deba recabar su parecer antes de adoptar una decisión de oficio», precisa.
El magistrado discrepa con la afirmación de la defensa del yerno del Rey de que su instrucción sea «prospectiva e indiscriminada» y considera que esta pieza «tiene un ámbito tan extenso como linderos perfectamente definidos». La Sección Segunda de la Audiencia de Palma paralizó la imputación de la infanta Cristina e instó al juez instructor a que le siguiera investigando por un presunto delito fiscal. La hija del Rey es copropietaria junta a su marido de la sociedad Aizoon, investigada en la causa.
En el auto, el juez da traslado, asimismo, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas el escrito presentado por el abogado de la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, en el que solicita se decrete el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones con respecto a su cliente. El letrado Manuel González Peeters aseguraba en ese escrito que si la infanta Cristina no está imputada en el ‘caso Nóos’ tampoco debería estarlo su mujer.
10 comentarios
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Esa gente es bien ora les corten las prebendas.
Al parecer la sra. Cristina, así como desconoce lo que hacia Urdangarín (lo que nadie cree, toda vez que fueron avisados por Zarzuela que se retiraran de Noos y habran preguntado el motivo), tambien desconoce el Art. 14 de nuestra Constitución. Sr. Revenga, que les enseña a sus protegidas?
¿Habrán presentado las declaraciones de IRPF? Si no lo han hecho espero que la Agencia Tributaria cumpla con su deber de sancionarles, tal y como hace con el resto de ciudadanos.
Vaya tomadura de pelo que es el caso de la Infanta siendo la unica culpable del caso, sin la cara de ella y del Rey nadie fuera dado ni un centimo. Ahora no saben como taparlo todo que sera su final.Nos toman a los ciudadanos por menores de edad o por tontos.
¿vulnera su intimidad?, pobrecita mía. Y no se ha parado a pensar todo lo que han vulnerado ella y su maridín?, un par de años más y nos dejan en pelota picada.
El Juez castro está haciendo un CIRCO de esta causa, esperemos que no le estropee la investigación a Horrach.
Ojalá tuviesemos mas jueces como este Sr.
...Ayer lo escribí en Barcelona...y hoy lo repito en Palma...el juez Castro es íntegro...y el 81 por ciento de los españoles...estuvo a su lado...cuando desaprobaron la desimputación de la Infanta...
No podría ser de otra forma ya que Artículo 14 de la Constitucion dice: " Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Por tal motivo si la justicia no puede investigar el IRPF de la infanta ,no lo puede hacer con cuaquier otro contribuyente porque no sería constitucional